1.1. Introducción

En los últimos 30 años, la cobertura educativa a avanzado de manera trascendente en Uruguay. El acceso a la educación primaria se universalizó tempranamente en la década del 60. Por su parte, a comienzos de la presente década, los niveles de cobertura en el Ciclo Básico de la Educación Media (que incluye la educación secundaria y la técnico-profesional) alcanzaron niveles del 85%. La cobertura de la educación inicial entre niños de 3 a 5 años a alcanzado en 1993 el 55%, y finalmente, la cobertura en la enseñanza universitaria asciende al 30% entre los jóvenes de 20 a 24 años. Los guarismos anteriores están dando cuenta de que Uruguay se encuentra en una posición privilegiada en el contexto regional, lo cual se explica por una temprana e importante inversión por parte del Estado: en la década del 60 el gasto en educación representaba el 3% del PBI. No obstante, y fruto del ya reseñado estancamiento económico del país en los últimos 30 años, la inversión en educación cayó de manera sustantiva en la década del 80 y no volvió a recuperar los guarismos históricos. En efecto, en 1984 el gasto público en educación representaba el 1.7% del PBI.

1.2. La Educación Secundaria

En la Educación Secundaria, los mencionados efectos de la crisis no tuvieron solamente consecuencias en términos de las inversiones realizadas, sino que también se ha venido operando una rebaja de la calidad de la enseñanza impartida y una creciente ineficiencia e ineficacia en la provisión de los servicios educativos. A partir de la restauración democrática y hasta la fecha se han ido procesando algunos cambios con el objetivo de resolver esta situación. Entre ellos se pueden destacar: La puesta en marcha en 1987 del Ciclo Básico Unico, la que arrojó resultados positivos en términos de acceso de jóvenes al mismo. Entre los años 1985 a 1990 accedieron al CBU más de 15000 jóvenes provenientes de estratos de bajos ingresos. Una vez transcurridos cinco años de la Reforma del CBU la Oficina de CEPAL de Montevideo realizó un balance de la misma. Tanto en esa investigación como en otros informes se reconoce que la reforma en lo programático no ha podido concretarse.

En ese contexto se señala que "los objetivos del CBU estuvieron enmarcados en el propósito de lograr, en el menor tiempo posible, la universalización de la asistencia. Al servicio del mismo, en cuatro años, se crearon 21 nuevos liceos -de los cuales 19 en el interior- y se adoptaron una serie de disposiciones (cursos de recuperación en lugar de exámenes, pasaje de cursos con asignaturas observadas, repetición sólo por inasistencia o inconducta grave, etc) que favorecieron la permanencia de alumnos en el sistema. El conjunto de propuestas y de modalidades de aplicación creó un clima de aceptación de los bajos rendimientos, justificado por la democratización." La investigación también releva el deterioro alarmante de los recursos humanos de enseñanza secundaria, a través de la progresiva desprofesionalización del cuerpo docente. En un contexto en que dada la incorporación de nuevos sectores sociales al alumnado, y el deterioro de los recursos tanto humanos como materiales, era difícil preservar las condiciones para el aprendizaje de los conocimientos básicos, la investigación afirma que la implementación de la Reforma "combinó inadecuadamente -sin proponérselo- el sistema de cátedras y de asignaturas definidas por la especificidad del conocimiento académico -que fue propio de la tradicional secundaria preuniversitaria de la primera mitad del siglo- con el de las actividades que aspiraban a atender lo vocacional, lo tecnológico y lo expresivo al mismo tiempo."

"La consecuencia -continúa expresando el informe- fue un mayor número de asignaturas, la incorporación de un porcentaje aún mayor de docentes no profesionales, la reducción de la atención a las asignaturas básicas y una atomización de conocimientos y tiempos de enseñanza. Todo ello generó un saber no integrable para estas nuevas generaciones de niños y adolescentes de tan débiles bases culturales y expuestos, cada vez, a menos horas anuales de formación en liceos y escuelas técnicas." En síntesis la reforma ofreció más años de escolaridad, pero con menos horas y menos contenidos. Frente a este panorama, las nuevas autoridades de secundaria pusieron en práctica las denominadas "50 medidas", o "Plan Básico para mejorar la calidad de la Educación Secundaria", a comienzos de 1992.

El Plan contemplaba una amplia gama de medidas específicas, entre las que se destacan: la subdivisión de los macro-liceos en varias unidades autónomas, conjuntamente con una ambiciosa política de creación de nuevos liceos de menores dimensiones y ubicados en áreas estratégicas de mayor demanda (pero con estrictas medidas y requisitos que disminuyeran los riesgos en materia de viabilidad institucional), la ampliación del tiempo pedagógico, la jerarquización de las materias instrumentales (matemáticas e idioma español), el reforzamiento de los hábitos y técnicas de estudio, la ampliación de la publicación de textos de estudio, la jerarquización de la figura de los adscriptos, la mejora de las condiciones de trabajo del personal docente (así como también su mayor y mejor actualización profesional en términos de capacitación específica, etc.), la ampliación de los cursos de computación, la reimplantación de los cursos de compensación para aquellos estudiantes con bajos rendimientos escolares, la concreción de estímulos a los estudiantes destacados, etc. (CES, 1992)

Adicionalmente, cabe destacar la aprobación de nuevos planes de estudio en el Ciclo Básico (CES, 1993), que procuran cumplir con los requerimientos de la nueva "clientela" de enseñanza secundaria. Por otra parte, aunque se mantuvieron conversaciones y reuniones de trabajo con la Universidad de la República a los efectos de concretar un escalón intermedio entre la enseñanza media y la superior, administrado conjuntamente, no se han concretado acciones específicas al respecto, a pesar que los estudiantes egresados del bachillerato medio ingresan luego a la Universidad con una escasa y precaria preparación.

Sin duda alguna, uno de los déficits actuales del sistema educativo lo constituye su escasa vinculación con el mercado laboral. La incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo es uno de sus principales problemas, y una de las principales limitantes al respecto sigue siendo la escasa y precaria preparación que éstos adquieren en el marco del sistema educativo formal, tanto en la UTU como en la enseñanza secundaria que concentra el 75% de la matrícula de la enseñanza media en nuestro país.