3.4. La prevención del abuso de drogas
La Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y
el Uso Abusivo de Drogas, fue creada por Decreto del Poder Ejecutivo en julio de 1988.
Depende directamente de la Presidencia de la República e integra a Ministros de
diferentes carteras vinculadas con la temática. Entre sus cometidos figuran la reducción
de la oferta y demanda de drogas; la disminución de la inseguridad ciudadana ante la
extensión del problema; la creación de una red de asistencia a adictos y; la
coordinación y cooperación entre organismos e instituciones con competencia en la
materia. La estrategia de trabajo de la Junta puede asimilarse a la desarrollada por los
Programas Prioritarios del MSP: generación y difusión de conocimientos, coordinación
con un conjunto extenso de agentes, focalización de su acción sobre ciertos grupos
poblacionales o zonas geográficas consideradas prioritarias, preocupación por el
perfeccionamiento de la legislación vigente, ejercer roles de rectoría, etc. En función
de ello, se ha montado una base de datos estadísticos y un centro de información
documental y, se han llevado a cabo algunos estudios epidemiológicos, de alcance limitado
a ciertas áreas, consideradas de mayor propensión al consumo de alcohol, tabaco y
drogas.
En razón de esos factores, asimismo, se han conformado cuatro
comités, que integran diferentes agentes que, de una u otra manera, están relacionados
con el tráfico, la prevención o la rehabilitación de drogas: Comité de Seguridad,
Comité de Educación Preventiva, Comité de Asistencia y Rehabilitación y Comité de
Cooperación Internacional. La Junta Nacional ha desarrollado una continua cooperación
con diferentes organismos del Estado y organizaciones no gubernamentales. En particular,
desarrolla, en conjunto con el Programa Prioritario de Hábitos Tóxicos y Adicciones, un
programa educativo-preventivo y de promoción de la salud en departamentos de la zona
Sureste del país. Trabajos en conjunto con organismos nacionales e internacionales,
realizados en el primer semestre de 1992, han coincidido en la necesidad de modificar la
gestión interinstitucional orientándola hacia la elaboración de un Plan Estratégico
Nacional contra el Abuso de Drogas, cuyo diseño y gestión sería coordinado por la Junta
Nacional.
Los lineamientos básicos del Plan Estratégico, plantean la necesidad
de mancomunar los esfuerzos de un amplio espectro de agentes vinculados con la promoción
de la salud y la educación y prevención frente al abuso de drogas: el sistema educativo
(formal y no formal), la comunidad (que incluye, centralmente, la familia, aunque ésta se
incorpora, también, a los demás sistemas), el ámbito laboral, el sistema de atención
de salud y los sistemas de legislación y cumplimiento de las leyes. A su vez, en este
trabajo conjunto promovido por la Junta Nacional, fueron identificados cinco problemas
principales sobre los que se sugirieron desarrollar estrategias concretas de trabajo, a
impulsar entre los diferentes organismos involucrados. El primer problema principal se
relaciona con la constatación de que las bebidas alcohólicas y el tabaco, no son
consideradas drogas. El problema se lo identificó relacionado a factores de índole
cultural. Se señaló la ausencia de datos directos sobre la frecuencia con que afecta a
la población en general, y de datos sobre diferentes grupos poblacionales. Se entendió
que el problema es vulnerable, a pesar de basarse en una multicausalidad de factores. Las
estrategias a seguir para la superación de este problema, se entendió que deberían
priorizar la realización de acciones educativas (centradas en la búsqueda de cambios
actitudinales), políticas y de apoyo ambiental. El segundo problema detectado, identifica
la ausencia de centros de derivación y tratamiento del alcoholismo y la
fármaco-dependencia. Al respecto, se entendió como estratégicamente central el diseñar
e impulsar el desarrollo de una red de servicios de asistencia basada en un nuevo modelo
de concepción de la asistencia en salud mental. Complementariamente se identificó la
necesidad de informar y difundir entre el personal de la salud, la educación y el empleo,
la oferta de servicios de rehabilitación y tratamiento.
El tercer problema detectado, se focalizó en la excesiva publicidad y
promoción del tabaco y las bebidas alcohólicas, asociando su uso, al deporte, la
creatividad y el estatus social. Frente a ello, se señaló como prioritario el trabajo
junto a responsables de medios de comunicación y creativos publicitarios, a fin de
intentar modificar mensajes, tendiendo a la promoción de estilos de vida más saludables.
Se entendió, también, como estratégicamente relevante, el desarrollar acciones
educativas que propendieran a una mayor capacitación de la población para la adecuada
decodificación y valoración de los mensajes recibidos. El cuarto problema prioritario se
identificó en torno a la ausencia de programas de promoción de salud entre la población
adolescente y la inexistencia de un sistema de salud adolescente. En la superación del
problema, se valoró la necesidad de definir una estrategia global que promueva un modelo
de asistencia integral para la adolescencia, la promoción del uso positivo del tiempo
libre, y el desarrollo de diferentes proyectos que involucren la participación activa de
los adolescentes en la ejecución de los mismos.
El quinto, y último problema principal identificado, señala la
asociación directa del consumo de alcohol y la gestación de accidentes de tránsito. Se
entendió que la educación y la prevención basada en conceptos de uso seguro de calles y
carreteras, debía ser un componente fundamental en la instrumentación de programas
incorporados, a edades tempranas, a la educación formal y no formal. Se valoró,
asimismo, la necesidad de legislar y reglamentar más intensamente en materia de
tránsito, permitiendo la adopción de medidas punitivas más severas, que tiendan a
reducir sensiblemente el consumo de alcohol entre los conductores, sobre todo entre los
conductores jóvenes. Por último, se entiende conveniente señalar que, paralelamente a
la gestión de la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso
Abusivo de Drogas, se ha venido desarrollando una intensa labor por parte de diferentes
entidades estatales y no gubernamentales en los campos de la educación y prevención de
la fármaco dependencia, y rehabilitación de adictos.
Análisis realizados a fines de 1991 señalan la relevancia de la
gestión de alrededor de 25 organismos estatales y ONGs que actúan en dichos campos,
particularmente importante por su labor en el área educativo-preventiva. (Dabezies,
1992b). Estas organizaciones, que han venido desarrollando su tarea desde hace varios
años, han realizado una contribución significativa a la atención de diferentes grupos
(de particular relevancia en grupos de riesgo), cuentan con personal experiente y
calificado, y han logrado sistematizar adecuadas metodologías de intervención. Sin
embargo, dado su limitada capacidad operativa y reducidos presupuestos, ven seriamente
restringido su campo de acción, por lo que, su incidencia en la educación y prevención
del alcoholismo y la fármaco-dependencia no es debidamente capitalizada.