En Uruguay, en la década del 60, y a partir de los trabajos de la CIDE, se comenzaron a formular algunos programas explícitos vinculados con las políticas sociales. Con la creación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en 1966, dicho esfuerzo pareció adquirir un particular impulso. Sin embargo, por una multiplicidad de razones, las políticas sociales quedaron libradas al arbitrio de los ministerios o directorios respectivos (educación, salud, vivienda, seguridad social), subordinadas a las políticas económicas (por condicionamientos financieros, por ejemplo) o sujetas a condiciones de "seguridad", como ocurrió durante los doce años de gobierno militar. Durante el primer gobierno democrático se procuró racionalizar y potenciar las políticas sociales, en virtud del agravamiento de la situación de pobreza acaecido entre 1982 y 1984, con un enfoque marcadamente compensatorio de los desajustes que producía la política económica, pero sin alterar la estructura de los servicios. Según el trabajo realizado en 1985 por CEPAL y la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, en el que se conformó el mapa de Uruguay según el Nivel de Satisfacción de Necesidades Básicas, el número de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ascendía al 22.3% de los hogares de todo el país, desagregándose en 14.3% de los hogares de Montevideo y 29.2% de los hogares del interior incluyendo las zonas rurales. Si se considera solamente el interior rural, en 1985 el 42% de los hogares tenían algún tipo de NBI. Si en vez del número de hogares se considera el de personas, los datos arrojaban que, el 27.6% de los habitantes del país tenían NBI, desagregándose en 19% para Montevideo y 34.5% para el interior del país. Los datos que arrojaba el trabajo de la CEPAL, planteaba una realidad inédita en el país, que hacía necesario multiplicar los esfuerzos en pro de la reducción de la pobreza.

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