Mesa Redonda: Las políticas activas de empleo: una necesidad urgente.
El papel de los Comités Locales en las políticas de empleo y formación
profesional. PIT-CNT, Montevideo, Uruguay, 20 de junio de 2002.
(Programa)
LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO: UNA
NECESIDAD URGENTE
Instituto Cuesta Duarte
Delegación de los Trabajadores a la JUNAE
1) Introducción
El país vive hoy un de las coyunturas más críticas
desde el punto de vista de la crisis laboral:
- 225 mil desocupados.
- casi 600 mil personas más con problemas de empleo.
- salarios a la baja.
- más de 80% de los trabajadores sin negociación colectivo.
- poco más del 10% de los desocupados con derecho al cobro del seguro
de paro.
- las desregulaciones laborales operadas en los años 90, entre las
que se cuentan la no convocatoria a los Consejos de Salarios, la ley
16713 sobre derechos de la seguridad social, el artículo 29 de la
ley de inversiones sobre prescripción de derechos laborales entre
otros.
- las notorias omisiones en el control de la lo que aún se mantiene
en términos de legislación laboral.
Pero no nos engañemos, este no es el resultado tan
sólo de la crisis actual. Hacia fines de 1998 ya había cerca de 150
mil desocupados y más de 450 mil con problemas de empleo.
Esto demuestra que el crecimiento económico es una
condición necesaria de la creación de empleos en magnitud adecuada,
pero en nada es suficiente.
Al mismo tiempo la desregulación laboral característica
básica de la década de los 90, contribuyó a que una buena parte del
empleo creado haya sido en condiciones precarias.
Es por ello que abordar la crisis laboral del Uruguay
de hoy, sin duda la más grande de la historia del país, supone actuar
sobre tres temas:
- el crecimiento productivo
- las políticas activas que posibiliten que dicho crecimiento cree
empleo
- la regulación laboral que actúe sobre la calidad y el acceso al
empleo
Sobre esta base analizaremos nuestras propuestas en
términos de empleo tomando como referencias las siguientes premisas:
- estas propuestas obviamente forman parte de un proyecto global
de cambios en el modelo social y económico vigente cuya globalidad
puede verse en las 30 propuestas realizadas por el P.I.T. -- C.N.T.
en el documento "30 propuestas para que el país real debata".
- todas las propuestas del modelo deben articularse en torno al objetivo
central: PLENO EMPLEO PLENO, es decir generación de fuentes de
trabajo en magnitud y calidad adecuadas. Las propuestas que no
tengan que ver con el empleo, al menos como está definido en el Libro
Blanco de la Unión Europea, "no deben generar efectos contraproducentes
sobre la cantidad y la calidad del empleo".
2) Principios que deberán inspirar a
todo el sistema de promoción del empleo
Conviene antes de establecer las medidas concretas
de promoción del empleo y la colocación y del mejoramiento de los mecanismos
existentes, acordar algunos principios básicos que deberían inspirar
a todo el sistema.
Se proponen al respecto:
Descentralización
Debería concretarse:
- en su faz geográfica, en tanto toda acción en materia de amparo
al desempleado, de formación y de colocación debe acercarse lo más
posible al usuario.
- también en su faz de organización y gestión, en tanto un moderno
sistema de promoción del empleo y colocación, no debe prescindir de
la iniciativa privada (agencias privadas) como social (organizaciones
patronales, sindicales, Ongs, etc.).
Participación y negociación
Derivado de lo anterior, importa dar relieve a la participación
de los actores sociales, sin descartar que atento a que el problema
del empleo afecta a toda la sociedad, puedan surgir experiencias innovadoras
donde se involucren otros sectores públicos y privados (centros comerciales,
intendencias, entidades de formación profesional, iglesias, etc.).
En este sentido, los comités locales de la JUNAE bien
podrían operar como dinamizadores de esta propuesta.
Salvaguarda de ciertos derechos básicos de la persona
Todo sistema de colocación debe cumplir con ciertos
derechos básicos de la persona, fundamentalmente por la índole de los
datos que maneja y la necesidad humana de trabajar. En síntesis, se
entiende que deberá asegurarse:
a) Igualdad de trato y de oportunidades
Las agencias de empleo públicas, privadas y sociales
deberán tratar a los trabajadores sin discriminación alguna por razones
de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional,
origen social o cualquier otra forma de discriminación.
b) Protección de la intimidad
El tratamiento de los datos personales de los trabajadores
deberá efectuarse en condiciones que protejan dichos datos y respeten
su vida privada, limitándose a las cuestiones relativas a las calificaciones
y experiencia profesional.
c) Gratuidad para el trabajador
Las agencias privadas y sociales no podrán cobrar a
los trabajadores directa ni indirectamente ningún tipo
de honorario o tarifa.
3) 9 propuestas para un modelo en base al empleo
de calidad
3.1) Propuestas que permitan el crecimiento económico
y la creación de empleo
a) Políticas activas de creación de empleo
A través entre otras formas, de estímulos económicos
a las empresas que creen más empleos.
Los principales instrumentos serán:
- Políticas de innovación tecnológica a través del LATU, INIA, u otro
organismo a crear en coordinación con la Universidad de la República.
- Políticas de crédito preferencial públicas y/o privadas.
- Políticas fiscales de exoneraciones u otras, que tengan como objetivo
la reinversión productiva en nuevos empleos.
- Políticas preferenciales de tarifas públicas priorizando en ellas
a las empresas con mayor carga de trabajo.
En estas medidas se dará especial preferencia al apoyo
a la conformación y consolidación de micro y pequeñas empresas. En esa
dirección entonces se impulsará a la vez la conformación de espacios
conjuntos de acción (tipo redes) para el manejo tecnológico, la búsqueda
de mercados o el apoyo financiero. Es decir se impulsarán redes de empresas,
mas que apoyos individuales.
b) Inversión pública, en especial en construcción
de vivienda
Este punto es central por las características de estas
inversiones en relación al empleo, al mismo tiempo que por su contribución
a resolver un problema social importante.
Todo ello porque la construcción de viviendas se caracteriza
por:
- Un coeficiente capital/trabajo muy alto.
- Rapidez en cuanto al impacto sobre el empleo de una inversión.
- Existencia de negociación colectiva y de convenios laborales de
largo plazo que determinan que las condiciones de empleo sean mejores
a la de sectores desregulados.
- Utilización en una parte del proceso productivo de mano de obra
con menores requerimientos de calificación, lo que lo hace bien importante
en momentos de alta desocupación.
- La posibilidad de distribuir el esfuerzo inversor en diferentes
zonas del país y contribuir al uso de insumos y mano de obra locales.
- Su impacto en la dinámica económica de otras ramas de la producción.
- Sus efectos sobre el trabajo de pequeñas empresas y trabajadores
por la cuenta en áreas laterales al proceso productivo.
c) Política de contrataciones del Sector Público
Las compras del Estado y de los municipios, sean de
manera directa o por licitación, serán utilizadas exigiendo como contrapartida
de la prestación del servicio (o en algunos casos también en la venta
de bienes) el uso de cierto componente en cantidad y calidad de mano
de obra que será previamente definido en el propio proceso de contratación
directa o de licitación. De esta manera la política pública irá en camino
de una adecuada combinación entre la eficiencia económica y la social.
Al mismo tiempo para definir las empresas a contratar
se utilizará el siguiente criterio de prelación:
- empresas nacionales cooperativas, gremiales o redes de pequeñas
y medianas empresas
- resto de empresas nacionales
- empresas de la región
Cuando se muestre fundadamente que ninguno de los tres
casos anteriores puede cubrir el servicio se recurrirá a empresas extranjeras
fuera de la región, pero utilizando igualmente la exigencia del uso
de mano de obra nacional en cantidad y Calidad Adecuada y en un marco
de respeto de las normas laborales y la negociación colectiva.
3.2) Propuestas que garanticen la calidad y el acceso
al empleo
d) Negociación colectiva y fuero sindical
El sistema de relaciones laborales en nuestro país
demanda desde hace muchos años algunos mecanismos legales que posibiliten
el desarrollo de un diálogo fluido entre los actores sociales.
Se trata de establecer las vías que regulen aspectos
fundamentales de la negociación colectiva como instrumento de diálogo
social, estableciendo a su vez una protección adecuada a los representantes
sindicales. Ambos elementos han sido considerados en la Declaración
Sociolaboral del MERCOSUR, en los Convenios internacionales de la OIT
y en la misma Declaración de derechos fundamentales de 1998.
Uruguay ha suscrito todos estos instrumentos y como
tal está obligado a cumplirlos. Pero más allá de esta obligación, resultan
indispensables para crear un marco de respecto y de confianza, que democratice
y modernice las relaciones laborales.
Estos instrumentos de concertación social contribuirán
eficazmente a mejorar la calidad de la producción y de los empleos.
El marco regulador deberá definir algunas cuestiones
mínimas tales como la convocatoria y obligación de negociar y el alcance
del convenio, dejando a las partes en libertad para acordar los contenidos
que estimen pertinentes en materia de salarios, productividad, condiciones
de trabajo, etc.
e) El Servicio Nacional de Empleo
Es una responsabilidad ineludible del Estado, la existencia de un Servicio
Nacional de Empleo.
Creemos que la instalación de un Servicio de esa naturaleza, democratizará
la información a la hora de la búsqueda de trabajo, de alguna manera
regulará el "mercado", facilitará el diseño de programas de
formación profesional y será de utilidad para los micro y pequeños empresarios.
Los programas de colocación y servicios de empleo no eliminan la desocupación
que obedece a causas estructurales profundas pero contribuyen
a corregir algunos desajustes en el "mercado" del trabajo,
acercando a quien ofrece su trabajo y a quien lo demanda.
Los cambios en curso en la competitividad de las empresas
y en la creciente exigencia al trabajador (en formación, en productividad,
en movilidad y adaptación), hacen que sea necesario mas que nunca una
intervención que corrija los desajustes y a su vez impida los extremos
más gravosos de la intermediación de trabajo, como lo es el lucro con
la necesidad humana de trabajar.
El servicio de empleo debe comprender una serie de
aspectos que tienen que ver con la facilitación de la colocación y no
meramente con la "intermediación de mano de obra". En nuestra
opinión, esta es una responsabilidad irrenunciable del Estado.
Por ello esta propuesta incluye:
i) Mecanismos de colocación
Para ello es indispensable la existencia y profundización
en la información que se maneja del observatorio del mercado de trabajo.
Una información y orientación adecuadas posibilita
al desempleado encontrar más fácilmente un empleo. Se trata de un instrumento
que demanda una actualizada sistematización de la información existente
sobre oportunidades de empleo, así como la posibilidad de realización
de investigaciones por sector de actividad, etario, etc.
Para esta tarea podía utilizarse la infraestructura,
por ejemplo, de los centros zonales de la intendencia de Montevideo,
y algo similar debería ocurrir en el interior, a través de las oficinas
de desarrollo local de las intendencias y las juntas locales.
ii) Formación profesional
Los cursos dictados a través del sistema de la JUNAE
dejan en el Ministerio de Trabajo una información de gran valor a los
efectos de su empleo en políticas de colocación.
Justamente, este aspecto es uno de los que ha merecido
críticas en la medida que los egresados de los cursos de la JUNAE no
cuentan con un mecanismo de acceso y contacto con la realidad del mercado
de trabajo como para hacer valer sus nuevas aptitudes.
iii) Una intermediación activa: los promotores del empleo
La propia naturaleza de la actividad requiere que no
se trate de un simple enclave burocrático en un ministerio, sino de
un mecanismo activo, que mantenga un diálogo con el sector empresarial
y posibilite así la colocación, mediante el empleo de una serie de funcionarios
que actúen como "promotores" del empleo, con suficiente dinamismo
y conocimiento del medio en el cual se desempeñan.
Esta modalidad necesariamente descentralizada
(como en el aspecto de la información y orientación) deberá entablar
también un fluido diálogo con las agencias privadas de colocación.
Asimismo, las agencias de empleo privadas tendrán un deber de información
respecto de las públicas, salvaguardándose la confidencialidad de la
información personal de quienes figuren en sus registros.
El servicio público ejercerá la supervigilancia de
las agencias privadas de colocación, reteniendo en todos los casos para
sí la formulación de las políticas de mercado de trabajo.
iv) La certificación
Puede definirse como el proceso mediante el cual se
reconocen formalmente las calificaciones de los trabajadores, independientemente
de la forma en que las mismas han sido adquiridas.-
Antes que nada, la certificación puede operar, si tiene
suficiente legitimidad social, en el ingreso del trabajador al empleo.
De ahí su importancia en la colocación.
La certificación tiene que ver también con los derechos
de los trabajadores, y en particular con el derecho a percibir igual
salario por trabajo de igual valor; a no ser discriminado en el empleo;
a la promoción y el ascenso, al desarrollo de una carrera en la empresa.-
f) Regulación de las empresas suministradoras de
mano de obra temporal y las tercerizaciones
En este ítem hay que empezar por la implementación
del convenio internacional del trabajo Nro. 181, sobre agencias de empleo
privadas.
Esto es trascendente ya que en la regulación de la
colocación, como en el empleo, se cruzan una serie de aspectos y problemas
que hacen a la cuestión laboral en general y al ser humano.
La presencia de este tipo de empresas en el medio local
moviliza una cantidad importante de trabajadores, y resultan decisivas
en la flexibilización del mercado de trabajo. La flexibilidad es mayor
en casos como el nuestro en que no existe regulación alguna de este
tipo de empresas; a menudo son empleadas para burlar las más elementales
normas de contratación laboral.
Un dispositivo clave para combatir la precarización
laboral es establecer la solidaridad de la empresa cliente respecto
de las obligaciones laborales y de seguridad social de la empresa suministradora
respecto de sus empleados.
Un segundo dispositivo clave es igualar las condiciones
de trabajo, salario, etc entre las funciones cumplidas sean empleados
de la empresa cliente, sean de la suministradora de mano de obra.
Finalmente un tercer elemento clave es la acumulación
de antigüedad en la función, como si se tratara de un empleado de la
empresa cliente.
3.3) Propuestas para amortiguar los problemas actuales
más acuciantes en la transición hacia la política de empleo
a) Políticas de cambios en el Seguro de Desempleo
Más allá de los cambios que sea necesario operar en
las condiciones de acceso al seguro y sus pagos (sobre los que ya hemos
hecho propuestas) es necesario plantear el tema del seguro e paro como
un elemento e contención social de las personas, para lo cual proponemos
la conformación de un gabinete sicosocial que, al mismo tiempo que pueda
canalizar al desocupado hacia actividades de tipo comunitario, lo contenga
desde el punto de vista de su situación personal, familiar y de autoestima.
b) Políticas de asignaciones familiares
Retomamos aquí nuestra propuesta de universalizar las
asignaciones familiares, llegando a los sectores desocupados y la totalidad
de los hogares de menores recursos, con independencia de situación formal
de trabajo, pero manteniendo como clave la obligatoriedad de asistencia
a la escuela de los menores.
c) Subsidio a los desocupados
Esta propuesta tiene como objetivo mejorar la situación
de todos aquellos trabajadores que hoy están desocupados por haber
perdido su empleo (se excluye en esta instancia a los que buscan
trabajo por primera vez) y no tienen beneficio del seguro de desempleo,
con especial prioridad en los jefes de hogar.
Así la propuesta plantea:
- un subsidio por 6 meses de un salario mínimo nacional más el
recibo mutual, más la asignación familiar por hijo para todos
aquellos desocupados no jefes de hogar
- dos salarios mínimos por 6 meses con recibo mutual y asignación
familiar a los desocupados jefes de hogar.
- en ambos casos se exigirá como contrapartida del subsidio, la
asistencia a un curso de capacitación o un trabajo comunitario según
se evalúe en su momento