OIT Cinterfor/OITCinterfor

 

 
English

Búsqueda avanzada
SID

Sindicatos y formación

 

  Sobre este sitio
  Negociación colectiva
Declaraciones de los trabajadores en eventos de Cinterfor/OIT

 

Experiencias sindicales
  Legislación

  Formación y productividad
  Documentos y
publicaciones
  Los sindicatos con los jóvenes
  Sindicalismo y género
  Eventos sobre formación
  Enlaces
  Mapa del sitio

Página principal



Coloque su dirección de correo electrónico y reciba las novedades del sitio


Enviar la página a un amigo

Fecha de actualización:
8/10/2008

 

 

 

Mesa Redonda: Las políticas activas de empleo: una necesidad urgente. El papel de los Comités Locales en las políticas de empleo y formación profesional. PIT-CNT, Montevideo, Uruguay, 20 de junio de 2002. (Programa)

 

LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO: UNA NECESIDAD URGENTE

 

Instituto Cuesta Duarte
Delegación de los Trabajadores a la JUNAE

 

1) Introducción

El país vive hoy un de las coyunturas más críticas desde el punto de vista de la crisis laboral:

  • 225 mil desocupados.
  • casi 600 mil personas más con problemas de empleo.
  • salarios a la baja.
  • más de 80% de los trabajadores sin negociación colectivo.
  • poco más del 10% de los desocupados con derecho al cobro del seguro de paro.
  • las desregulaciones laborales operadas en los años 90, entre las que se cuentan la no convocatoria a los Consejos de Salarios, la ley 16713 sobre derechos de la seguridad social, el artículo 29 de la ley de inversiones sobre prescripción de derechos laborales entre otros.
  • las notorias omisiones en el control de la lo que aún se mantiene en términos de legislación laboral.

Pero no nos engañemos, este no es el resultado tan sólo de la crisis actual. Hacia fines de 1998 ya había cerca de 150 mil desocupados y más de 450 mil con problemas de empleo.

Esto demuestra que el crecimiento económico es una condición necesaria de la creación de empleos en magnitud adecuada, pero en nada es suficiente.

Al mismo tiempo la desregulación laboral característica básica de la década de los 90, contribuyó a que una buena parte del empleo creado haya sido en condiciones precarias.

Es por ello que abordar la crisis laboral del Uruguay de hoy, sin duda la más grande de la historia del país, supone actuar sobre tres temas:

  • el crecimiento productivo
  • las políticas activas que posibiliten que dicho crecimiento cree empleo
  • la regulación laboral que actúe sobre la calidad y el acceso al empleo

Sobre esta base analizaremos nuestras propuestas en términos de empleo tomando como referencias las siguientes premisas:

  1. estas propuestas obviamente forman parte de un proyecto global de cambios en el modelo social y económico vigente cuya globalidad puede verse en las 30 propuestas realizadas por el P.I.T. -- C.N.T. en el documento "30 propuestas para que el país real debata".
  2. todas las propuestas del modelo deben articularse en torno al objetivo central: PLENO EMPLEO PLENO, es decir generación de fuentes de trabajo en magnitud y calidad adecuadas. Las propuestas que no tengan que ver con el empleo, al menos como está definido en el Libro Blanco de la Unión Europea, "no deben generar efectos contraproducentes sobre la cantidad y la calidad del empleo".

  2) Principios que deberán inspirar a todo el sistema de promoción del empleo

Conviene antes de establecer las medidas concretas de promoción del empleo y la colocación y del mejoramiento de los mecanismos existentes, acordar algunos principios básicos que deberían inspirar a todo el sistema.

Se proponen al respecto:

Descentralización

Debería concretarse:

  1. en su faz geográfica, en tanto toda acción en materia de amparo al desempleado, de formación y de colocación debe acercarse lo más posible al usuario.
  2. también en su faz de organización y gestión, en tanto un moderno sistema de promoción del empleo y colocación, no debe prescindir de la iniciativa privada (agencias privadas) como social (organizaciones patronales, sindicales, Ongs, etc.).

Participación y negociación

Derivado de lo anterior, importa dar relieve a la participación de los actores sociales, sin descartar que atento a que el problema del empleo afecta a toda la sociedad, puedan surgir experiencias innovadoras donde se involucren otros sectores públicos y privados (centros comerciales, intendencias, entidades de formación profesional, iglesias, etc.).

En este sentido, los comités locales de la JUNAE bien podrían operar como dinamizadores de esta propuesta.

Salvaguarda de ciertos derechos básicos de la persona

Todo sistema de colocación debe cumplir con ciertos derechos básicos de la persona, fundamentalmente por la índole de los datos que maneja y la necesidad humana de trabajar. En síntesis, se entiende que deberá asegurarse:

a) Igualdad de trato y de oportunidades

Las agencias de empleo públicas, privadas y sociales deberán tratar a los trabajadores sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social o cualquier otra forma de discriminación.

b) Protección de la intimidad

El tratamiento de los datos personales de los trabajadores deberá efectuarse en condiciones que protejan dichos datos y respeten su vida privada, limitándose a las cuestiones relativas a las calificaciones y experiencia profesional.

c) Gratuidad para el trabajador

Las agencias privadas y sociales no podrán cobrar a los trabajadores – directa ni indirectamente – ningún tipo de honorario o tarifa.

3) 9 propuestas para un modelo en base al empleo de calidad

3.1) Propuestas que permitan el crecimiento económico y la creación de empleo

a) Políticas activas de creación de empleo

A través entre otras formas, de estímulos económicos a las empresas que creen más empleos.

Los principales instrumentos serán:

  • Políticas de innovación tecnológica a través del LATU, INIA, u otro organismo a crear en coordinación con la Universidad de la República.
  • Políticas de crédito preferencial públicas y/o privadas.
  • Políticas fiscales de exoneraciones u otras, que tengan como objetivo la reinversión productiva en nuevos empleos.
  • Políticas preferenciales de tarifas públicas priorizando en ellas a las empresas con mayor carga de trabajo.

En estas medidas se dará especial preferencia al apoyo a la conformación y consolidación de micro y pequeñas empresas. En esa dirección entonces se impulsará a la vez la conformación de espacios conjuntos de acción (tipo redes) para el manejo tecnológico, la búsqueda de mercados o el apoyo financiero. Es decir se impulsarán redes de empresas, mas que apoyos individuales.

b) Inversión pública, en especial en construcción de vivienda

Este punto es central por las características de estas inversiones en relación al empleo, al mismo tiempo que por su contribución a resolver un problema social importante.

Todo ello porque la construcción de viviendas se caracteriza por:

  • Un coeficiente capital/trabajo muy alto.
  • Rapidez en cuanto al impacto sobre el empleo de una inversión.
  • Existencia de negociación colectiva y de convenios laborales de largo plazo que determinan que las condiciones de empleo sean mejores a la de sectores desregulados.
  • Utilización en una parte del proceso productivo de mano de obra con menores requerimientos de calificación, lo que lo hace bien importante en momentos de alta desocupación.
  • La posibilidad de distribuir el esfuerzo inversor en diferentes zonas del país y contribuir al uso de insumos y mano de obra locales.
  • Su impacto en la dinámica económica de otras ramas de la producción.
  • Sus efectos sobre el trabajo de pequeñas empresas y trabajadores por la cuenta en áreas laterales al proceso productivo.

c) Política de contrataciones del Sector Público

Las compras del Estado y de los municipios, sean de manera directa o por licitación, serán utilizadas exigiendo como contrapartida de la prestación del servicio (o en algunos casos también en la venta de bienes) el uso de cierto componente en cantidad y calidad de mano de obra que será previamente definido en el propio proceso de contratación directa o de licitación. De esta manera la política pública irá en camino de una adecuada combinación entre la eficiencia económica y la social.

Al mismo tiempo para definir las empresas a contratar se utilizará el siguiente criterio de prelación:

  • empresas nacionales cooperativas, gremiales o redes de pequeñas y medianas empresas
  • resto de empresas nacionales
  • empresas de la región

Cuando se muestre fundadamente que ninguno de los tres casos anteriores puede cubrir el servicio se recurrirá a empresas extranjeras fuera de la región, pero utilizando igualmente la exigencia del uso de mano de obra nacional en cantidad y Calidad Adecuada y en un marco de respeto de las normas laborales y la negociación colectiva.

3.2) Propuestas que garanticen la calidad y el acceso al empleo

d) Negociación colectiva y fuero sindical

El sistema de relaciones laborales en nuestro país demanda desde hace muchos años algunos mecanismos legales que posibiliten el desarrollo de un diálogo fluido entre los actores sociales.

Se trata de establecer las vías que regulen aspectos fundamentales de la negociación colectiva como instrumento de diálogo social, estableciendo a su vez una protección adecuada a los representantes sindicales. Ambos elementos han sido considerados en la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, en los Convenios internacionales de la OIT y en la misma Declaración de derechos fundamentales de 1998.

Uruguay ha suscrito todos estos instrumentos y como tal está obligado a cumplirlos. Pero más allá de esta obligación, resultan indispensables para crear un marco de respecto y de confianza, que democratice y modernice las relaciones laborales.

Estos instrumentos de concertación social contribuirán eficazmente a mejorar la calidad de la producción y de los empleos.

El marco regulador deberá definir algunas cuestiones mínimas tales como la convocatoria y obligación de negociar y el alcance del convenio, dejando a las partes en libertad para acordar los contenidos que estimen pertinentes en materia de salarios, productividad, condiciones de trabajo, etc.

e) El Servicio Nacional de Empleo

Es una responsabilidad ineludible del Estado, la existencia de un Servicio Nacional de Empleo.

Creemos que la instalación de un Servicio de esa naturaleza, democratizará la información a la hora de la búsqueda de trabajo, de alguna manera regulará el "mercado", facilitará el diseño de programas de formación profesional y será de utilidad para los micro y pequeños empresarios.

Los programas de colocación y servicios de empleo no eliminan la desocupación – que obedece a causas estructurales profundas – pero contribuyen a corregir algunos desajustes en el "mercado" del trabajo, acercando a quien ofrece su trabajo y a quien lo demanda.

Los cambios en curso en la competitividad de las empresas y en la creciente exigencia al trabajador (en formación, en productividad, en movilidad y adaptación), hacen que sea necesario mas que nunca una intervención que corrija los desajustes y a su vez impida los extremos más gravosos de la intermediación de trabajo, como lo es el lucro con la necesidad humana de trabajar.

El servicio de empleo debe comprender una serie de aspectos que tienen que ver con la facilitación de la colocación y no meramente con la "intermediación de mano de obra". En nuestra opinión, esta es una responsabilidad irrenunciable del Estado.

Por ello esta propuesta incluye:

i) Mecanismos de colocación

Para ello es indispensable la existencia y profundización en la información que se maneja del observatorio del mercado de trabajo.

Una información y orientación adecuadas posibilita al desempleado encontrar más fácilmente un empleo. Se trata de un instrumento que demanda una actualizada sistematización de la información existente sobre oportunidades de empleo, así como la posibilidad de realización de investigaciones por sector de actividad, etario, etc.

Para esta tarea podía utilizarse la infraestructura, por ejemplo, de los centros zonales de la intendencia de Montevideo, y algo similar debería ocurrir en el interior, a través de las oficinas de desarrollo local de las intendencias y las juntas locales.

ii) Formación profesional

Los cursos dictados a través del sistema de la JUNAE dejan en el Ministerio de Trabajo una información de gran valor a los efectos de su empleo en políticas de colocación.

Justamente, este aspecto es uno de los que ha merecido críticas en la medida que los egresados de los cursos de la JUNAE no cuentan con un mecanismo de acceso y contacto con la realidad del mercado de trabajo como para hacer valer sus nuevas aptitudes.

iii) Una intermediación activa: los promotores del empleo

La propia naturaleza de la actividad requiere que no se trate de un simple enclave burocrático en un ministerio, sino de un mecanismo activo, que mantenga un diálogo con el sector empresarial y posibilite así la colocación, mediante el empleo de una serie de funcionarios que actúen como "promotores" del empleo, con suficiente dinamismo y conocimiento del medio en el cual se desempeñan.

Esta modalidad necesariamente descentralizada (como en el aspecto de la información y orientación) deberá entablar también un fluido diálogo con las agencias privadas de colocación.

Asimismo, las agencias de empleo privadas tendrán un deber de información respecto de las públicas, salvaguardándose la confidencialidad de la información personal de quienes figuren en sus registros.

El servicio público ejercerá la supervigilancia de las agencias privadas de colocación, reteniendo en todos los casos para sí la formulación de las políticas de mercado de trabajo.

iv) La certificación

Puede definirse como el proceso mediante el cual se reconocen formalmente las calificaciones de los trabajadores, independientemente de la forma en que las mismas han sido adquiridas.-

Antes que nada, la certificación puede operar, si tiene suficiente legitimidad social, en el ingreso del trabajador al empleo. De ahí su importancia en la colocación.

La certificación tiene que ver también con los derechos de los trabajadores, y en particular con el derecho a percibir igual salario por trabajo de igual valor; a no ser discriminado en el empleo; a la promoción y el ascenso, al desarrollo de una carrera en la empresa.-

f) Regulación de las empresas suministradoras de mano de obra temporal y las tercerizaciones

En este ítem hay que empezar por la implementación del convenio internacional del trabajo Nro. 181, sobre agencias de empleo privadas.

Esto es trascendente ya que en la regulación de la colocación, como en el empleo, se cruzan una serie de aspectos y problemas que hacen a la cuestión laboral en general y al ser humano.

La presencia de este tipo de empresas en el medio local moviliza una cantidad importante de trabajadores, y resultan decisivas en la flexibilización del mercado de trabajo. La flexibilidad es mayor en casos como el nuestro en que no existe regulación alguna de este tipo de empresas; a menudo son empleadas para burlar las más elementales normas de contratación laboral.

Un dispositivo clave para combatir la precarización laboral es establecer la solidaridad de la empresa cliente respecto de las obligaciones laborales y de seguridad social de la empresa suministradora respecto de sus empleados.

Un segundo dispositivo clave es igualar las condiciones de trabajo, salario, etc entre las funciones cumplidas sean empleados de la empresa cliente, sean de la suministradora de mano de obra.

Finalmente un tercer elemento clave es la acumulación de antigüedad en la función, como si se tratara de un empleado de la empresa cliente.

3.3) Propuestas para amortiguar los problemas actuales más acuciantes en la transición hacia la política de empleo

a)  Políticas de cambios en el Seguro de Desempleo

Más allá de los cambios que sea necesario operar en las condiciones de acceso al seguro y sus pagos (sobre los que ya hemos hecho propuestas) es necesario plantear el tema del seguro e paro como un elemento e contención social de las personas, para lo cual proponemos la conformación de un gabinete sicosocial que, al mismo tiempo que pueda canalizar al desocupado hacia actividades de tipo comunitario, lo contenga desde el punto de vista de su situación personal, familiar y de autoestima.

b)  Políticas de asignaciones familiares

Retomamos aquí nuestra propuesta de universalizar las asignaciones familiares, llegando a los sectores desocupados y la totalidad de los hogares de menores recursos, con independencia de situación formal de trabajo, pero manteniendo como clave la obligatoriedad de asistencia a la escuela de los menores.

c)  Subsidio a los desocupados

Esta propuesta tiene como objetivo mejorar la situación de todos aquellos trabajadores que hoy están desocupados por haber perdido su empleo (se excluye en esta instancia a los que buscan trabajo por primera vez) y no tienen beneficio del seguro de desempleo, con especial prioridad en los jefes de hogar.

Así la propuesta plantea:

  • un subsidio por 6 meses de un salario mínimo nacional más el recibo mutual, más la asignación familiar por hijo para todos aquellos desocupados no jefes de hogar
  • dos salarios mínimos por 6 meses con recibo mutual y asignación familiar a los desocupados jefes de hogar.
  • en ambos casos se exigirá como contrapartida del subsidio, la asistencia a un curso de capacitación o un trabajo comunitario según se evalúe en su momento

 

 


Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (OIT/Cinterfor)
Avda. Uruguay 1238 - Montevideo - Uruguay - Tel: (5982) 908 6023 - 902 0557 - 908 0545 - Fax: (5982) 902 1305
  webmaster@cinterfor.org.uy

Copyright © 1996-2008 Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Descargo de responsabilidad