Por ello, este nuevo escenario laboral impacta de manera definitoria en la construcción de la identidad colectiva e individual. Desde la dimensión colectiva, la cantidad y calidad del empleo del que dispone una sociedad determina tanto su nivel de productividad y competitividad como su grado de inclusión y equidad. La generación de condiciones para que hombres y mujeres puedan satisfacer su derecho a un "trabajo decente" es, por tanto un imperativo económico y un factor esencial de lucha contra la pobreza. Asimismo, exige que los objetivos y los diversos repertorios de las políticas activas y pasivas del mercado de trabajo se complementen y articulen en pos del objetivo común de alcanzar, simultáneamente, un desarrollo económico y social sostenible y equitativo.

Desde la dimensión individual, el acceso al empleo es determinante para la formulación y concreción del proyecto de vida y también para la inclusión social y comunitaria. Para poder enfrentar la contracción del empleo, los cambios constantes en los contenidos y la manera de hacer las cosas, la incertidumbre y los actuales requerimientos del mundo laboral, las personas necesitan realizar esfuerzos constantes y adicionales de aprendizaje, de identificación de oportunidades y recursos así como de un alto grado de autonomía. Para ello es imprescindible conocerse a sí mismo, conocer la realidad en la que se está inserto, reconocer y valorar las propias capacidades y limitaciones y hacerlo en relación con las exigencias, características y perspectivas de inserción y desarrollo laboral que el entorno económico y social ofrece.

Reconocer que, para el acceso al trabajo así como para la inclusión social, se requiere de un abanico amplio de competencias personales y sociales no implica, de ninguna manera, responsabilizar o culpabilizar a quienes carecen de ellas y exonerar al sistema y a las políticas socio-económicas de su papel y responsabilidad en la habilitación de oportunidades. Por el contrario, plantea la necesidad de considerar como un conjunto articulado e interdependiente al proceso de ajuste entre las nuevas condiciones y exigencias de la producción y las capacidades y competencias de hombres y mujeres y, a los desafíos y oportunidades que este proceso plantea para conformar un modelo social y económico más incluyente. Esta confluencia conduce y refiere a las políticas de formación para el trabajo en cuanto ellas tienen la responsabilidad de constituirse en un punto de encuentro, un espacio de articulación, entre las necesidades y posibilidades del sistema productivo y de quienes producen, varones y mujeres. Para avanzar en el cumplimiento de esta función integradora, la formación para el trabajo debe atender simultáneamente a sus dos pilares: el empleo y las personas.

Las políticas de formación no pueden por sí mismas y menos aún en solitario generar empleo. Pero tienen la potencialidad de gestionar, mediante un enfoque integrador y sistémico, los conocimientos, esfuerzos y recursos de los distintos actores e instancias que confluyen en la generación de empleo. De igual modo, no pueden asegurarle a las personas un empleo y, menos aún, que éste sea para toda la vida que pero pueden apoyarlas para que pasen del estatus de sujetos pasivos -dependientes de una intervención externa que los acerque a una oferta de trabajo escasa - a sujetos activos, detectores y constructores de oportunidades, capaces de identificar y desarrollar sus propias estrategias de empleabilidad. La empleabilidad, en el actual contexto, refiere al conjunto de competencias y cualificaciones que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades que se le presenten de encontrar, conservar o cambiar de trabajo así como de crear su propio empleo, ya sea por cuenta propia o en asociación con otras, de adaptarse a la evolución de la tecnología y a las condiciones del mercado de trabajo de manera tal de poder mantenerse activas a lo largo de la vida. La empleabilidad, por tanto, tiene que ver con procesos que ocurren en distintos niveles: estructurales, económicos, normativos y culturales. Pero también los factores afectivos y relacionales, las historias de vida de cada sujeto, se articulan con su contexto concreto, dando por resultado diferencias e inequidades en las posibilidades de acceso a los recursos, en las oportunidades de empleo o generación de actividades productivas, en la participación y toma de decisiones respecto de cuestiones atinentes a su comunidad o grupo de pertenencia. En ese sentido, no parece posible pensar en un desarrollo sostenible que no incluya el derecho a la capacitación y formación. Por eso, asegurar a las mujeres y los hombres la igualdad de condiciones y oportunidades en el acceso y permanencia en la educación y formación, evitar y combatir toda forma de discriminación se constituye en una condición insoslayable para que las políticas de formación para el trabajo puedan cumplir con su razón de ser. Para hacerlo tienen necesariamente que incorporar la perspectiva de género.

Incorporar la perspectiva de género en las políticas de formación quiere decir articular la doble lógica de:

Una formación para el trabajo así concebida se constituye en una herramienta para el trabajo en red, la creación de alianzas estratégicas, la promoción del diálogo social y para el desarrollo de una estrategia de interacción activa entre el entorno productivo y social y el entorno familiar y comunitario -dado que éste incide fuertemente en las posibilidades y la disponibilidad femenina para el trabajo.

La formación profesional en el mundo y, en la región latinoamericana en particular, tiene una larga y vasta trayectoria de intervenciones que se ubican mayoritariamente en la lógica de la focalización, es decir dirigidas a apoyar la integración laboral de las mujeres rurales y, especialmente, las actividades microempresariales. Ellas aportan buenas prácticas e importantes aprendizajes a tener en cuenta en una nueva generación de políticas que procure la articulación e integración de la transversalización de género con las acciones de discriminación positiva para mejorar y fortalecer la calidad de vida personal y laboral de la mujer rural. Esta orientación de las políticas si bien se está extendiendo rápidamente aún necesita muchos esfuerzos de innovación metodológica y de divulgación y análisis de estrategias de articulación y coordinación con las políticas de desarrollo local, fortalecimiento microempresarial, capacitación en las nuevas tecnologías, ciencia e innovación aplicada al territorio, apoyo a cadenas productivas, etc.

Este portal se propone contribuir con este proceso, aportando metodologías y estrategias ya validadas en diversos escenarios, dirigidas al fortalecimiento de la empleabilidad y capacidad de participación ciudadana de mujeres y varones, con especial atención a mujeres en situaciones de pobreza y vulnerabilidad, y divulgando experiencias tanto de intervenciones específicas como más integrales pero con el fin último de contribuir a una mayor equidad de género y a fortalecer y valorizar la participación femenina en el desarrollo rural.