Bolivia, según índices
de desarrollo humano, ocupa el lugar 111 entre 174 países y enfrenta fuertes desajustes
estructurales, económicos y sociales. En 1985 el Gobierno dicta un conjunto de
dispocisiones legales que introducen cambios agudos en la política económica: el mercado
como asignador de los recursos pasa a ser uno de los elementos centrales, lo que hace que
cambie fundamentalmente el papel del Estado como ente benefactor. Según algunos
indicadores sociales (*), el 70 % de la población del país vive en situación
de pobreza y que el analfabetismo femenino supera el 28 %. Existe un distanciamiento entre
la calidad de la educación ofrecida y las exigencias del mercado laboral y de una
economía con necesidad de incorporar procesos tecnológicos competitivos.
En términos de empleo en 1995, según la Encuesta Integrada de Hogares del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) el desempleo abierto era del 3,6 % de la Población
Económicamente Activa (PEA). Sin embargo, el subempleo alcanza la cifra 14,2 % de la PEA.
Ello supone que uno de los problemas fundamentales está dado por los bajos ingresos
percibidos y la precariedad de los empleos. Si bien el 40 % de las mujeres están
integradas a la PEA, el 11,7 % de ellas carece de niveles de instrucción.
Desde el punto de vista de la estructura de la economía boliviana, la pequeña y
microempresa constituyen un componente importante de la industria y la manufactura.
Representa, según datos elaborados a partir del II Censo de Establecimientos económicos
INE 1992, el 87 % del total de éstos, absorbe el 44 % del empleo y genera tres cuartas
partes de la producción.
El 80 % de las mujeres ocupadas se encuentra desarrollando actividades en los sectores
económicos como el comercio y los servicios personales, sólo el 15,5 % lo hace en
la manufactura y casi el 44% de las mujeres ocupadas se desempeñan como trabajadores por
cuenta propia.
Respecto a esto, una de las características del panorama laboral es el crecimiento del
sector no estructurado. La falta de posibilidades de empleo en el sector formal, ha
determinado la creación de opciones privadas y no formales donde un gran número de
mujeres trabajan en condiciones deficientes y sin ningún beneficio y seguridad laboral,
empresas que ocupan mano de obra familiar y que en la mayoría de los casos están al
margen del sistema fiscal.
El panorama, por lo tanto, exige políticas dirigidas a mejorar el acceso de las mujeres
al sistema de formación profesional nacional, considerando la complejidad social del
país, en programas que ofrezcan rutas flexibles que comtemplen la formación de
competencias básicas generales y profesionales y que logren una inserción favorable y empleable
en el mundo de trabajo, como está planificado en el marco regional y nacional de
FORMUJER. (volver)
(*) Sánchez Garcia María Carmen, Rocabado Gloria:
La mujer empresaria en la pequeña y micro empresa productiva. Diagnóstico Nacional.
Ministerio de Desarrollo Humano, Secretaría Nacional de Asuntos Etnicos, de Género y
Generacionales, Subsecretaría de Asuntos de Género, Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial, Documentos de Trabajo, La Paz, Bolivia, 1997.
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