¿Cuál es la función de las políticas de formación en el actual contexto?

Desde siempre, asegurar la disponibilidad de empleo para todos ha sido uno de los mayores desafíos para el desarrollo económico y social y para mejorar la calidad de vida de las personas. En el mundo contemporáneo, este desafío se ha tornado absolutamente prioritario por cuanto la intensificación de la globalización y de las transformaciones tecnológicas han aportado inéditas potencialidades para la creación de riqueza pero, al mismo tiempo, han agudizado el desempleo, la desigualdad y la pobreza. Por ello, este nuevo escenario laboral impacta de manera definitoria en la construcción de la identidad colectiva e individual.

Desde la dimensión colectiva, la cantidad y calidad del empleo del que dispone una sociedad determina tanto su nivel de productividad y competitividad como su grado de inclusión y equidad. La generación de condiciones para que hombres y mujeres puedan satisfacer su derecho a un "trabajo decente" es, por tanto un imperativo económico y un factor esencial de lucha contra la pobreza y exige que los objetivos y los diversos repertorios de las políticas activas y pasivas del mercado de trabajo se complementen y articulen en pos del objetivo común de alcanzar, simultáneamente, un desarrollo económico y social sostenible y equitativo.

Desde la dimensión individual, el acceso al empleo es determinante para la formulación y concreción del proyecto de vida. Para poder enfrentar la contracción del empleo, los cambios constantes en los contenidos y la manera de hacer las cosas, la incertidumbre y los actuales requerimientos del mundo laboral, las personas necesitan realizar esfuerzos constantes y adicionales de aprendizaje, de identificación de oportunidades y recursos así como de un alto grado de autonomía. Para ello es imprescindible conocerse a sí mismo y conocer la realidad en la que se está inserto, reconocer y valorar las propias capacidades y limitaciones y hacerlo en relación con las exigencias, características y perspectivas de inserción y desarrollo laboral que el entorno económico y social ofrece.

Reconocer que, para el acceso al trabajo así como para la inclusión social, se requiere de un abanico amplio de competencias personales y sociales no implica, de ninguna manera, responsabilizar o culpabilizar a quienes carecen de ellas y exonerar al sistema y a las políticas socio-económicas de su papel y responsabilidad en la habilitación de oportunidades. Por el contrario, plantea la necesidad de considerar como un conjunto articulado e interdependiente al proceso de ajuste entre las nuevas condiciones y exigencias de la producción y las capacidades y competencias de hombres y mujeres y, a los desafíos y oportunidades que este proceso plantea para conformar un modelo social y económico más incluyente. Esta confluencia conduce y refiere a las políticas de formación para el trabajo

Las políticas de formación para el trabajo tienen la responsabilidad de constituirse en un punto de encuentro, un espacio de articulación, entre las necesidades y posibilidades del sistema productivo y de quienes producen, varones y mujeres.

 

Para avanzar en el cumplimiento de esta función integradora, deben atender simultáneamente a sus dos pilares: el empleo y las personas.

Las políticas de formación no pueden por sí mismas y menos aún en solitario generar empleo. Pero tienen la potencialidad de gestionar, mediante un enfoque integrador y sistémico, los conocimientos, esfuerzos y recursos de los distintos actores e instancias que confluyen en la generación de empleo.

Las políticas de formación pueden y deben apoyar a las personas para que pasen del estatus de sujetos pasivos -dependientes de una intervención externa que los acerque a una oferta de trabajo escasa - a sujetos activos, detectores y constructores de oportunidades, capaces de identificar y desarrollar sus estrategias de empleabilidad.

La empleabilidad, en el actual contexto, refiere al conjunto de competencias y cualificaciones que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades que se le presenten de encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en las empresas, cambiar de empleo, así como adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo. La empleabilidad, por tanto, tiene que ver con procesos que ocurren en distintos niveles: estructurales, económicos, normativos y culturales. Pero también los factores afectivos y relacionales, las historias de vida de cada sujeto, se articulan con su contexto concreto, dando por resultado diferencias e inequidades en las posibilidades de acceso a los recursos, en las oportunidades de empleo o generación de actividades productivas, en la participación y toma de decisiones respecto de cuestiones atinentes a su comunidad o grupo de pertenencia.

En ese sentido, no parece posible pensar un trabajo decente que no incluya el derecho a la capacitación y formación. Por eso, el derecho a la educación y la formación han sido reconocidos e institucionalizados dentro del sistema de los derechos humanos fundamentales a través de pactos, normas y declaraciones internacionales y nacionales.

Por consiguiente, asegurar a las mujeres y los hombres la igualdad de condiciones y oportunidades en el acceso y permanencia en la educación y formación, evitar y combatir toda forma de discriminación se constituye en una condición insoslayable para que las políticas de formación para el trabajo puedan cumplir con su razón de ser. Para hacerlo tienen necesariamente que incorporar la perspectiva de género.