La transición de las economías de Europa central y oriental desde
una economía planificada por el poder central a una economía de
mercado ha provocado amplios cambios en la estructura económica,
así como en la vida política y social de todos los países de la
región. Tras diez años en el camino hacia la transición y la reestructuración
del mercado del trabajo, los tres problemas más apremiantes para
las mujeres y las relaciones entre los géneros en el mundo laboral
resultan ser:
- Dificultades para asegurar el empleo y las rentas en unos
mercados del trabajo fluctuantes
- Insuficientes cobertura y eficacia de la protección social
y de los servicios sociales
- Inadecuada participación de las mujeres en el diálogo social
y en la toma de decisiones concernientes al medio económico
y político
Sin embargo, las características comunes a los países de la región,
heredadas de su pasado comunista, han ido perdiendo importancia
a medida que avanza la transición. No sólo se está ensanchando
la brecha de las rentas entre los grupos sociales y las regiones
de un mismo país, sino que están aumentando rápidamente también
las diferencias entre los países y las subregiones, hasta el punto
de que en ocasiones resulta ya difícil hablar de "una"
región.
Varios países de la región, por ejemplo, están orientando sus
esfuerzos económicos y de política social exclusivamente a acceder
a la UE. Pero incluso entre este grupo de países las diferencias
son a veces muy grandes. Otros han de hacer frente a retos tremendos,
agravados aún más por las guerras que ha habido en la región durante
la última década. Pero los países que antes pertenecieron a la
Unión Soviética se ven, además, frente a otras realidades todavía
más problemáticas, que tienen un serio impacto negativo sobre
la situación económica y social de sus pueblos.
Un mercado del trabajo cambiante
Los mercados del trabajo son uno de los primeros y más importantes
campos donde se dirime la reforma en el proceso de transición.
Con el objetivo de asignar con mayor eficiencia los recursos humanos,
reducir costos y aumentar la productividad, los mercados del trabajo
de Europa central y oriental se han convertido en laboratorios
para experimentos de reestructuración todavía en curso y que a
menudo tienen un diferente impacto para los hombres y para las
mujeres. La destrucción de puestos de trabajo y el aumento del
desempleo, que se dispararon en algunos países y regiones durante
la década de 1990, y una creciente desigualdad en la distribución
de la renta provocada por la pobreza galopante fueron las consecuencias
del proceso de reestructuración y de la recesión económica —y
la lenta recuperación— de la década de 1990.
En muchos aspectos, sin embargo, ni los datos ni su interpretación
permiten todavía extraer conclusiones, siquiera preliminares,
a propósito de las consecuencias a largo de los procesos en curso.
Los informes que llegan de la región con frecuencia por ahora
más detalles anecdóticos que en datos comparables. Las variables
que habrá que estudiar más a fondo para valorar la reestructuración
del mercado del trabajo en su vertiente relativa al género abarcan:
las respectivas tasas de participación en la fuerza de trabajo,
en el desempleo, el subempleo y el empleo en el sector no estructurado,
la segregación por tareas, los niveles salariales y sus diferencias
en función del género, así como el trabajo familiar no retribuido
y la asistencia que presta, por citar sólo las más importantes.
Una característica de las anteriores economías comunistas era
la alta participación femenina en la mano de obra, que en muchos
países de la región se situaba en torno al 50%. Su alta tasa de
participación en el pasado se ha atribuido al impulso ideológico
dado para promover la implicación de las mujeres en la vida económica
y política, a criterios de conveniencia económica y a la necesidad
de obtener, mediante el trabajo de las mujeres, unos ingresos
familiares decentes. Los sistemas económico, político y social
se desarrollaron de forma tal que estuviera garantizada la presencia
de las mujeres en la vida pública. Los sucesivos gobiernos socialistas
adoptaron cierto número de medidas para mantener la continuidad
de la participación de las mujeres en la esfera económica. Para
alcanzar este objetivo, el discurso socialista echó mano repetidamente
de argumentos que parecían extraídos del ideario feminista (pero
que de hecho sólo eran feministas en apariencia). Por eso, cuando
el socialismo se desacreditó, pudo resentirse tal vez en cierta
manera la imagen de las mujeres trabajadoras. Desde el comienzo
de la transición a la economía de mercado se ha venido resaltando
también el papel de las mujeres como amas de casa y, consiguientemente,
el movimiento femenino ha hecho escasos progresos en los países
en transición. Está claro que debe ser fortalecido dentro y fuera
de los partidos políticos.
Aunque han sido muchas las voces que han manifestado preocupación
por el descenso de la tasa de participación de las mujeres en
la fuerza de trabajo durante la transición, ésta sigue siendo
aún, en conjunto, más alta que en la mayoría de los países industrializados
de Europa occidental. Ahora, a los diez años del comienzo de las
reformas, parece claro que, aunque las mujeres han sufrido más
que los hombres por la destrucción de empleos en algunos países,
ésta no ha sido la regla general en todos ellos. En realidad,
la medida en que la destrucción de empleos ha afectado de forma
diferente a mujeres y hombres depende de la estructura económica
y de la segregación laboral anteriores, así como de las cambiantes
connotaciones de género de los trabajos a medida que, al modificarse
sus responsabilidades y su retribución, los hombres pasan a realizar
trabajos que antes eran "femeninos" (y viceversa). Muchas
mujeres han encontrado también una alternativa a la falta de empleo
a tiempo completo ocupándose a tiempo parcial.
Por consiguiente, el grado en que las mujeres se ven expulsadas
de un mercado del trabajo tenso no sólo depende de la disponibilidad
de empleos, sino también de valores culturales y de la división
del trabajo atendiendo al género o, más ampliamente, de las relaciones
de igualdad o desigualdad de géneros vigentes en la sociedad.
La interrelación de estos factores tiene una gran especificidad
cultural, depende de otras fuerzas, tales como la influencia de
la iglesia, y varía notablemente no sólo de un país a otro, sino
incluso entre regiones y grupos culturales dentro de un mismo
país. Resulta difícil, sin embargo, valorar estas interacciones,
porque los mercados del trabajo están duramente castigados y el
desempleo y el subempleo son muy elevados en la mayoría de los
países de la región.
Empleo decente, ingresos razonables
En toda la región el desempleo es un problema que con frecuencia
afecta más a los hombres que a las mujeres, con índices más altos
de desempleo entre éstas y, en muchos casos, diferencias notables.
Más aún: las mujeres desempleadas s ven generalmente expuestas
a un riesgo mayor de permanecer en el paro durante mayor tiempo.
También las afectan muchísimo el paro encubierto y el trabajo
en el sector no estructurado. Se trata de dos problemas que se
están agravando en los países de la región, pero para los que
aún no se dispone de datos específicos para cada género y, consiguientemente,
de análisis. Como ocurre también en Europa occidental, por razones
que no siempre están claras, entre las mujeres la probabilidad
de ponerse trabajar por cuenta propia o convertirse en empresarias
es menor de la que se da entre los hombres. Sin embargo, puesto
que el empleo por cuenta propia constituye a menudo una forma
de paro encubierto y no proporciona oportunidades de unos ingresos
decentes, más allá de los meros datos recogidos se precisa su
análisis para determinar en qué medida el empleo independiente
o por cuenta propia aumenta en realidad las oportunidades y las
opciones de las personas.
La segregación en el empleo por motivos de género, heredada de
la época comunista, se ha mantenido en general durante la transición,
y a menudo se ha reforzado incluso. Las mujeres trabajadoras constituyen
una mayoría abrumadora en determinados campos, tales como el sector
textil, oficinas, sanidad y educación, el sector público y el
de servicios en general, en puestos de baja remuneración y escasa
autoridad. A menudo se les paga menos que a los hombres por un
trabajo igual o un trabajo del mismo valor, pero habría que contar
con evaluaciones adecuadas para medir el alcance de este problema
y rectificar semejante desviación. Como no es así, la consecuencia
es que, en la mayor parte de la región, los ingresos de las mujeres
son inferiores a los de los hombres, y que incluso mujeres bien
calificadas tienltades para conseguir unos ingresos decentes a
través de un empleo adecuado a su capacidad.
En cualquier caso, habría que animar a las mujeres a que optaran
por la formación en profesiones distintas de las tradicionalmente
tenidas por "adecuadas" para ellas. Necesitan también
habilidades competitivas y, por lo mismo, acceso y guía una educación
de calidad y a una formación en las profesiones que demanda el
mercado del trabajo. También habría que animarlas a reciclar su
formación cuando sea preciso para aumentar su capacidad de adquirir
las nuevas habilidades que pueden revelarse necesarias en un mercado
del trabajo en transición.
Protección social y servicios sociales
Como madres y cabezas de familia, las mujeres dependen a menudo
de los servicios sociales y también, con demasiada frecuencia,
de insuficiente apoyo a sus ingresos a través de los planes de
protección social. Los cambios ideológicos y las dificultades
presupuestarias han hecho que durante la transición los estados
de Europa central y oriental se hayan ido alejando de la asunción
de una responsabilidad plena sobre la protección social de sus
ciudadanos. Los subsidios y la infraestructura de apoyo para la
prestación de servicios sociales, tales como jardines de infancia
y centros de atención postescolar, etc., se han visto recortados,
traspasando la responsabilidad de la protección social que facilitaban
al sector privado y, por ende, a la familia. Como resultado de
ello, la protección social se ha tornado más precaria y todos
los trabajadores tienen ahora más difícil combinar familia, trabajo
y responsabilidades sociales. Allí donde estos cambios se han
sumado a una distribución tradicional de tareas y responsabilidades
entre hombres y mujeres, las mujeres han sido más duramente golpeadas
que los hombres por el fortalecimiento de la tradicional división
del trabajo. Además, el retroceso en materia de derechos relacionados
con la reproducción, que se ha dado en toda la región, ha tendido
también a fortalecer los papeles tradicionales atribuidos a las
personas en razón de su género.
Durante el comunismo, los planes de seguridad social y de atención
al bienestar de la madre y del niño se concebían como camino para
garantizar la presencia de las mujeres en la mano de obra. La
política social estaba configurada para ayudar a las mujeres a
combinar su papel de madres con sus responsabilidades como trabajadoras.
Al capacitarlas para compaginar el trabajo con las responsabilidades
familiares, la política social comunista sirvió también para reforzar
las relaciones tradicionales entre géneros, es decir, el papel
tradicional de las mujeres en el hogar. De esta forma,las políticas
estatales legitimaron en cierta medida las desigualdades por razón
del género y la discriminación en el empleo.
Está vigente aún una medida heredada del socialismo para facilitar
la continuidad de la actividad económica de las mujeres; en concreto,
el permiso por cuidado del hijo, remunerado bien con una cantidad
fija, bien con un porcentaje de los salarios anteriores. Los planes
en vigor son generosos en términos de cuantía y duración de las
prestaciones. El permiso por cuidado del hijo fue introducido
en la mayoría de los países en la década de 1960, para remediar
la deficiente calidad de los centros de atención a los niños y
el absentismo de las madres con hijos pequeños. Esta política
tiene, sin embargo, algunos serios inconvenientes: tiene , por
ejemplo, a justificar la discriminación de las mujeres en cuanto
a salario o promoción laboral con el argumento de que semejantes
interrupciones en su actividad son costosas para los empleadores
y pudieran afectar a su actitud ante la formación. Por otra parte,
la duración normalmente larga de ese periodo de permiso contribuye
a reforzar los estereotipos de género que presentan al hombre
como fuente de ingresos para la familia y a las mujeres como proveedoras
de cuidados. A la larga, pues, el permiso por cuidado del hijo
puede tener efectos negativos sobre el empleo de las mujeres.
En unos tiempos en que la protección social es más precaria,
queda menos margen aún para cambiar los tradicionales roles de
mujeres y hombres, y la contribución de las mujeres en apoyo de
la familia se centra ahora en gran parte en las tareas no remuneradas
de la reproducción y de atención a los miembros de ella. Además,
la actual tensión en los mercados del trabajo puede provocar una
situación en la que a las mujeres ni siquiera les quede la posibilidad
de aprovechar los beneficios existentes para ellas, tales como
la licencia por maternidad, por temor a comprometer, si lo hacen,
su situación laboral.
A la vez, los planes de seguridad social han sufrido importantes
reformas, la mayoría de las cuales aún se encuentran en curso,
en todos los países de la región. Las reformas en el seguro de
enfermedad y en los sistemas de pensiones se están dando, con
todo, sin prestar suficiente atención a las necesidades de las
mujeres y a la especificidad de sus carreras profesionales, que
discurren entre el trabajo en el seno de la familia y el asalariado.
Por el contrario, en las discusiones acerca de la reforma de las
pensiones, incluso se ha llegado a censurar a las mujeres por
poner en apuros al sistema de pensiones debido a su mayor expectación
de vida e inferior umbral de edad para acceder a una pensión.
Al mismo tiempo, sin embargo, las mujeres en paro, por debajo
de la edad de jubilación, así como las ancianas, están representadas
con exceso entre los grupos con rentas más bajas y las personas
que viven en la pobreza.
Es difícil decir cuál va a ser el impacto de los nuevos sistemas
de protección social que se están diseñando en la región sobre
las relaciones entre los géneros. Pero podría ser muy bien que,
para las mujeres que a menudo han de cambiar entre la familia
y la carrera, los nuevos planes individuales de pensión que ahora
están en boga, y el debilitamiento del carácter redistributivo
de los sistemas de pensiones, no fuera la opción preferida. Pero
ocurre con bastante frecuencia que las voces de las mujeres se
pierden en el vacío.
Dialogo social y acción directiva
La igualdad entre hombres y mujeres está garantizada legalmente
en todos los países de Europa central y oriental. Pero a pesar
de que la discriminación está prohibida desde el punto de vista
de las leyes, las mujeres se enfrentan en la práctica a un trato
desigual y a la marginación, no sólo en el mercado del trabajo
y ante la política de protección social, sino, de forma más amplia,
en los niveles decisorios.
En el pasado, la presencia de las mujeres en la vida pública
política y en las estructuras gobernantes de partidos políticos
y otras organizaciones sociales –a menudo garantizada por
un sistema de cuotas– carecía de impacto real en muchas instancias.
Con la transición, sin embargo, esa presencia femenina ha disminuido
claramente, hasta el punto de que el porcentaje de mujeres en
los puestos de gobierno y en los parlamentos de la región está
ahora por debajo del promedio internacional de aproximadamente
un 20%. Y hay escasos indicios de que el impacto de las mujeres
sobre las decisiones políticas y económicas se haya fortalecido
en algún país de la región.
Pero las mujeres no sólo están preteridas en el nivel gubernamental.
Entre todos los interlocutores sociales, en los sindicatos y en
las organizaciones de empleadores, las mujeres están luchando
por salir de una posición subordinada y marginal. Por consiguiente,
los intereses de las mujeres no están aún igualitariamente representados
en el diálogo social y en los niveles directivos relevantes para
el mundo del trabajo. Para las cuestiones sobre los derechos y
las necesidades de las trabajadoras a menudo no hay lugar en la
agenda. Y todavía menos si se trata de debatir los cambios necesarios
para repartir las responsabilidades y el poder entre mujeres y
hombres de manera que se respete la igualdad de géneros. Los acuerdos
de negociación colectiva a todos los niveles, por ejemplo, rara
vez incluyen cuestiones sobre la igualdad de género o sobre los
especiales intereses y necesidades de las mujeres trabajadoras.
Una posición marginal, sin embargo, podría abrir nuevas oportunidades
para formar una coalición. Hay mucho campo para una cooperación
–siquiera parcial– y un diálogo productivo entre las
personas que trabajan por la igualdad de género en los gobiernos,
los sindicatos, las organizaciones de empleadores, las organizaciones
no gubernamentales y las instituciones académicas. Cabe esperar
que éste será el caso. Sólo el futuro mostrará si semejante esperanza
está justificada.
