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Fecha de actualización:
20/02/2008

 

 

 

RELACIONES LABORALES Y FORMACIÓN PROFESIONAL >> Definiciones

Una de las innovaciones de mayor importancia ocurridas en la formación profesional durante los últimos años, ha sido su progresiva vinculación con el mundo del trabajo, y por ende, con los sistemas de relaciones laborales. En América Latina ha sido tradicional la puesta en práctica de modelos que - con variantes y matices en las experiencias concretas nacionales - atribuyó a instituciones públicas la formación y capacitación de recursos humanos para la pujante industria de los decenios de 1940 y 1950. En la mayoría de los casos, la institucionalidad naciente de estos procesos comportó la participación de las organizaciones de trabajadores y empleadores en la dirección de esos organismos (tripartismo); en tanto se situaba a nivel de la negociación colectiva por empresa o sector de actividad el reflejo que la formación podía tener en el salario y en las políticas de promoción en el empleo.

Los cambios generados a partir de las formas de inserción de las economías en el comercio internacional, el peso creciente del conocimiento y las tecnologías de la comunicación y la información han determinado que esta realidad (de alta previsibilidad y estabilidad) se viera profundamente modificada. En consonancia con los referidos cambios, la formación y el desarrollo de los recursos humanos han dejado de ser una función delegada en y arrogada por el Estado.

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Asimismo, y cada vez con mayor contundencia, la formación se constituye en una herramienta esencial para la promoción de mejores oportunidades de varones y mujeres y, por ende, para la promoción de la equidad en el mundo del trabajo.

Por ello, a través de sus organizaciones representativas, tanto empresarios como trabajadores se acercan al tema de la formación, proponiendo iniciativas al Estado y a las instituciones de formación, así como organizando sus propias estructuras de formación, comprometiéndose en el diseño y ejecución de las políticas. En resumen: por su creciente centralidad, sus aportes para la potenciación de las personas y el fortalecimiento de la capacidad competitiva de las empresas y por promover la equidad y la inserción social, la formación comienza a ubicarse en un lugar principal dentro de las negociaciones y relaciones laborales, aunque sin sustituir totalmente el modelo preexistente.

En la Resolución del Consejo de Administración, OIT año 2000, se expresan las potencialidades que la formación profesional tiene en orden a constituir un contenido de relevancia de la negociación colectiva. Dice, en concreto, que "particularmente en los ámbitos del sector y de la empresa, la negociación colectiva puede ofrecer buenas condiciones para organizar e impartir la formación. Esta negociación colectiva podría comprender cuestiones tales como:

  • las calificaciones que precisan la empresa y la economía;
  • la formación que precisan los trabajadores;
  • la evaluación de las calificaciones básicas y otras adquiridas en el lugar de trabajo o en el desempeño de actividades asociativas o individuales;
  • el establecimiento de pautas de carrera para los trabajadores;
  • la implementación de políticas y programas para asegurar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y varones y eliminar la segmentación ocupacional que afecta el trabajo femenino;
  • el establecimiento de planes de desarrollo y de formación profesional para los trabajadores;
  • la estructura necesaria para conseguir beneficios óptimos de la formación;
  • los regímenes de reconocimiento y gratificación, incluida una estructura de remuneraciones."

No resulta ajeno a estos procesos, la asunción del tema de la formación profesional por los Ministerios de Trabajo (Administración del trabajo y formación profesional) en razón que la formación se constituyó en una política activa de empleo, quizá la de mayor relevancia. Los planes de empleo implementados por muchos ministerios, tuvieron en algunos casos un componente fundamental de capacitación, o significaron al menos algún grado de participación de esos organismos en la dirección de esas acciones, gestionadas y ejecutadas por los interlocutores sociales o una multiplicidad de actores del mundo del trabajo y la capacitación.

 

 

 

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