CONCEPTOS BÁSICOS
El escenario que conforman América Latina y el Caribe
ha sido profundamente modificado en los últimos años. Más allá de las
reformas económicas, políticas y sociales que fueron puestas en marcha
la creciente exposición de las economías nacionales ante la competencia
internacional ha derivado en mayores exigencias para quienes diseñan
y quienes ejecutan las políticas de formación profesional.
Las características de la actividad económica y las
nuevas necesidades sociales ponen a la formación en un sitial de primer
orden en cuanto a su capacidad como motor de inclusión, movilizador
de conocimientos, generador de mejores condiciones para la empleabilidad
y facilitador de opciones de diálogo social.
Pero la mayor complejidad del entorno actual también
ha requerido a las instituciones de formación mayores esfuerzos para
mantenerse actualizadas y prestar servicios acordes a las demandas.
Los últimos años del milenio también son testigos de los frecuentes
esfuerzos de modernización emprendidos por, y demandados a las instituciones
de formación.
La entrada progresiva de nuevos actores en la oferta
formativa, la disposición de una mezcla de fuentes financieras y la
necesaria pertinencia reclamada a los programas formativos son entre
otros, factores que han incidido en la génesis de los procesos de modernización
y transformación de las instituciones. Actualmente los procesos de transformación
y adaptación al cambio son temas prioritarios en la agenda de las instituciones
de formación.
Por otra parte, los usuarios de la formación requieren
conocer las mejores ofertas, las que más garantías de eficiencia les
brindan. Tanto empresarios como trabajadores buscan señales de eficiencia.
Los proveedores de recursos de financiamiento también se interesan en
la mejor utilización de los fondos invertidos en formación. Instituciones
gerenciadas con calidad representan una garantía social a la eficiencia
del gasto público en formación. El mismo razonamiento puede aplicarse
a los fondos provenientes del sector privado, deben llegar a organismos
que puedan dar cuenta de procesos formativos pertinentes, eficaces y
eficientes.
De ahí que las instituciones de formación profesional
se interesen por mejorar la eficiencia y pertinencia de sus actividades
lo cual se refleja recientemente en la adopción de mecanismos de gestión
para el aseguramiento de la calidad.
Esta tendencia viene siendo expresada mediante la adopción
de acciones de dirección y participación en las cuales se adoptan herramientas
y se ejecutan acciones institucionales encaminadas a desarrollar una
cultura de calidad. Tales acciones, usualmente inmersas en la filosofía
del mejoramiento continuo o en procesos de modernización institucional
implican actividades de capacitación a los funcionarios, búsqueda de
factores críticos, aclaración de la misión y objetivos que conllevan,
por si mismas, mejoras cualitativas institucionales.