En este informe el autor analiza la evolución de las políticas de capacitación en América Latina y su impacto en los sistemas de capacitación y formación profesional de la región. Según Claudio de Moura Castro hasta hace no mucho tiempo la mayoría de los países de América Latina tenían sistemas de capacitación que eran considerados muy interesantes, originales y que obtenían resultados satisfactorios, pero los cambios en las economías de la región han sido más rápidos de lo que los sistemas de capacitación han podido asimilar y las tendencias intelectuales en boga han llevado a políticas que amenazan su existencia.

Cuando las instituciones de capacitación de América Latina fueron creadas, los problemas de la formación profesional provenían principalmente del lado de la oferta. El mercado absorbería a todos aquellos que hubiesen recibido capacitación, y los formadores estaban preocupados por temas tales como los materiales e insumos de la formación profesional, la formación de formadores y por conseguir fondos para sistemas de capacitación cada vez más grandes. Hoy en día esta situación ha cambiado. Actualmente el desafío principal de los formadores es lograr el ajuste entre la demanda y la oferta de formación profesional. Estamos en una era en que la formación profesional es guiada desde el lado de la demanda.

La primera parte del informe describe el nacimiento y desarrollo de los sistemas de formación profesional en América Latina, así como el comienzo de los problemas de éstos y el colapso del modelo de capacitación guiado desde la oferta. El autor concluye que la mayoría de las instituciones de lo que denomina "el sistema I y S" (INA, INCE, INACAP, SENA, SENAI, SENAC, SENAR, etc.) están teniendo serios desajustes entre demanda y oferta, y sufren de "sobrepeso" institucional y erosión de su imagen pública. Esto, sin embargo, no es necesariamente el caso de todas ellas ni tampoco significan que se hallan tornado disfuncionales. El punto, según Moura Castro, es que, en la mayoría de los casos, no están produciendo los resultados que se podrían esperar de acuerdo a los importantes fondos de que disponen.

La segunda parte del informe nos muestra como los gobiernos de América Latina están respondiendo a la inercia de las instituciones de formación profesional a través de un cambio radical de enfoque. En lugar de tratar de controlar las instituciones por la vía administrativa, existe la tendencia a implementar un sistema de contratación de capacitación, para poder obtener un efecto más fuerte sobre la capacitación ofrecida.

A pesar de que la contratación ha resultado, en algunos casos, una buena solución, que evita la inercia de las enormes estructuras de los sistemas "I y S", Moura Castro alerta afirmando que la misma dista de ser una panacea.

En primer lugar, el autor señala que la contratación puede ser buena cuando se trata de cursos cortos, pero que existen ciertas áreas para las cuales se requieren inversiones en equipamiento que es especialmente costoso y capacitadores con muchos conocimientos y experiencia. Estas son inversiones de largo plazo, que las entidades pequeñas de capacitación no están dispuestas ni en condiciones de hacer. Un caso extremo que se describe es el de Proyecto Joven de Argentina, donde dos tercios de los cursos de capacitación del proyecto están en manos de empresas unipersonales. Estas no tienen el horizonte temporal ni el capital necesarios para invertir en formar formadores, producir materiales de formación profesional de alta calidad o desarrollar métodos innovadores.

En segundo lugar, la contratación requiere buenos mecanismos de identificación de la demanda así como control y certificación de la calidad de los cursos de capacitación, y estos requisitos han estado ausentes en algunas iniciativas de contratación de formación profesional.

Por lo tanto, la contratación puede ser una idea alternativa a la inercia de las enormes y pesadas estructuras de los sistemas "I y S", pero debe ser entendida como parte de una solución más compleja.

El informe finaliza con la presentación de una serie de caminos alternativos, donde cada uno de éstos debe ser considerado como una solución parcial del problema. En primera instancia se identifica al reemplazamiento del monopolio de la formación profesional por la existencia de una pluralidad de actores. A medida que van surgiendo otros proveedores de capacitación (Ministerios de Trabajo, entidades de capacitación privadas, iniciativas locales), las instituciones de los sistemas "I y S" deben comenzar a prestar más atención a las demandas del mercado para poder competir con los proveedores de capacitación que están emergiendo.

Los empleadores necesitan mano de obra bien calificada y sufren directamente cuando no la obtienen. El pasaje de la capacitación a manos de las asociaciones de empleadores beneficiaría a éstos y, según el autor, a la sociedad en su conjunto. Se citan en referencia a esta política el caso chileno y el del CADERH de Honduras. Esta solución requiere, sin embargo, de la existencia de asociaciones de empleadores serias y motivadas, algo que no siempre está a disposición.

Una solución intermedia es aquella en la cual la institución no está en manos de asociaciones de empleadores, pero donde éstos tienen un papel muy importante en la gerencia y en la toma de decisiones de la institución. El caso del SENATI de Perú es citado como ejemplo. Los industriales no administran directamente la institución, sin embargo tienen injerencia en la toma de decisiones y en el gerenciamiento de la institución.

La experiencia del SENAC de cobrar por los cursos de capacitación también es señalada como una solución posible al desajuste entre oferta y demanda de la capacitación. Desde el momento en el cual los estudiantes deben pagar para recibir la capacitación, éstos se tornarán más exigentes en la adecuación de la capacitación que reciben con respecto a las calificaciones que son requeridas en el mercado de trabajo.

Finalmente se señala la posibilidad de cambiar por completo las estructuras de incentivos en estas instituciones. El personal y la gerencia de las instituciones de capacitación responden a los incentivos existentes como en cualquier otra área de la economía, la idea sería entonces, incrementar el costo de la inercia y aumentar los beneficios que implican superarla. Una idea extrema en este sentido sería el permitir que las instituciones tomasen todas las decisiones que estimasen convenientes, pero sólo reembolsar el costo de los cursos correspondiente a aquellos alumnos que hubiesen encontrado un trabajo estable posteriormente. Una solución matizada en este sentido sería establecer el requerimiento de que una proporción determinada de los graduados obtuviesen trabajo.

Además de describir una serie de soluciones posibles al problema del desajuste entre la oferta y la demanda de capacitación, el autor señala que existen tantas soluciones posibles como países, e inclusive dentro de un mismo país las soluciones no son singulares, así como tampoco son simples ni fáciles de instrumentar.

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