Pobreza, Crecimiento y
Formación en América Latina y el Caribe
VI. Lecciones aprendidas
Las transformaciones institucionales en el campo de
la formación profesional en América Latina y el Caribe han estado marcadas por un doble
carácter de estar simultáneamente vinculadas a objetivos de tipo económico y de tipo
social. Desde su origen, la formación profesional fue un instrumento que contribuyó
tanto al desarrollo productivo como a promover la integración y cohesión de las
sociedades.
En el pasado, las políticas sociales de formación
profesional se apoyaron fundamentalmente en las IFP. La experiencia acumulada por éstas
en la atención a los sectores en desventaja, más el mandato recibido desde los
gobiernos, hicieron posible que se constituyesen en los primeros organismos públicos
sectoriales a ser convocados para la promoción de las políticas sociales formuladas para
lograr la equidad y superar la pobreza, a través de un esfuerzo educativo.
El surgimiento de nuevos enfoques en materia de
políticas de formación profesional, especialmente aquellas dirigidas a los sectores más
desfavorecidos, se corresponde con cambios en las concepciones acerca del papel del
Estado, reservándole un papel subsidiario, de corrección mediante instrumentos
focalizados en poblaciones o sectores específicos de los sesgos e inequidades que
resultan del funcionamiento defectuoso de los mecanismos del mercado de la formación y
capacitación.
A lo anterior contribuyeron, también, fenómenos
tales como el crecimiento del sector informal, las secuelas sociales de las políticas de
ajuste económico, y la aparición del desempleo abierto de larga duración. Frente a esta
problemática más compleja, la antigua institucionalidad terminó revelando carencias
tanto en términos de cobertura como de flexibilidad y pertinencia de su oferta formativa.
Por contraposición a las políticas clásicas, el
nuevo enfoque se caracterizó por la preferencia por proyectos y programas focalizados en
lugar de las pretensiones universalistas. La función ejecutora fue confiada
fundamentalmente a la oferta privada y no gubernamental, que se desarrolla en buena medida
con base en este mismo estímulo-. Además se adoptaron criterios de orientación por la
demanda y se instaló una nueva y más perfeccionada cultura de la evaluación de las
acciones formativas.
Los Ministerios de Trabajo asumieron un papel
preponderante en el diseño, implementación y gestión de las nuevas políticas. En
algunos países, la mutación institucional fue prácticamente total, mientras que en
otros se asiste a una convivencia de la antigua y la nueva institucionalidad. En los casos
en que las antiguas IFP lograron sobrevivir, esto fue posible gracias a profundos procesos
de transformación institucional guiados, como siempre, por imperativos económicos,
productivos y tecnológicos, pero también sociales. Al mismo tiempo, durante los últimos
años se asiste a una retirada de varios Ministerios de Educación en el campo de la
formación profesional.
La aplicación del nuevo tipo de política social en
la formación profesional, permite hoy realizar un balance que contiene aspectos positivos
pero también carencias de importancia. Se enumeran a contuación algunos de estos
aspectos.
De una parte, las nuevas políticas sociales han permitido expandir
la oferta y, en algunos casos, decantarla con base en criterios de calidad. Han abierto
espacios para una participación más activa de los actores sociales, tanto en la gestión
como en el financiamiento y la ejecución de la formación profesional. Han instalado una
cultura de la evaluación que se ocupa más de los logros en materia de salidas
ocupacionales que de las estadísticas de acciones realizadas. Y fundamentalmente han sido
una presencia crítica y removedora que alentó la innovación y transformación de la
gestión de las IFP.
De otra parte, la institucionalidad creada en torno a los Ministerios
de Trabajo se ha revelado como frágil. Existe poca capacidad para invertir a mediano y
largo plazo en investigación y desarrollo curricular, materiales y recursos didácticos,
articulación entre formación y tecnología, formación de formadores, etc. La ejecución
de acciones formativas se apoya en un universo de agentes formativos que posee tendencia a
la fragmentación y la dispersión, sin capacidad de actuar estratégicamente y con
dificultades para la acumulación de conocimientos. Ante el desafío de construir sistemas
de formación que posibiliten a todas personas una formación permanente, no ha sido
posible conciliar el carácter inmediatista de muchas acciones con itinerarios formativos
de más larga duración.
La mayores oportunidades surgen necesariamente de la búsqueda de
complementación de esfuerzos, recursos y conocimientos, entre espacios institucionales y
actores diversos. La experiencia en este sentido no es abundante y, las más de las veces,
cada institucionalidad ha terminado actuando a espaldas de la otra.
Lo que ha sido difícil de concretar en el plano de las políticas
generales, encuentra sin embargo espacio para manifestarse a nivel de diversas
experiencias concretas. IFP que adoptan nuevos criterios metodológicos y una propuesta
curricular más flexible para atender a los sectores de pobreza, sindicatos que gestionan
programas financiados por fondos públicos y establecen acuerdos operativos con IFP,
espacios de gestión tripartita de la formación administrando programas dirigidos a
jóvenes, mujeres, microempresas y trabajadores rurales. Institucionalidades emergentes y
aún débiles, pero que constituyen un espacio de aprendizaje en común para actores con
tradiciones, puntos de vista e intereses diversos.
El vínculo manifiesto de la formación con los sistemas de
relaciones laborales revela que ella se ha transformado en objeto de negociación y
concertación. Tanto por el peso que adquiere el factor conocimiento dentro de los
procesos productivos, como por su relación con temas tales como empleo, salario,
productividad, legislación del trabajo, calidad, seguridad e higiene, etc. Que esta
situación motive un interés y participación más activos que en el pasado de parte de
empresarios y trabajadores no puede resultar extraño. Pero dicho involucramiento está
posibilitado en gran medida por la capacidad de organización y representación de sus
intereses que estos actores tienen.
La atención a los grupos en situación de pobreza pasa entonces por
estrategias que contemplen más que la simple oferta de cursos, por bien diseñados y
promocionados que ellos estén. Para que estas estrategias puedan aspirar a un éxito y
sustentabilidad razonables, deben posibilitar también la transformación de estos grupos
en actores con capacidad de organización, de representar y defender sus intereses; en
definitiva, transformarse en protagonistas y responsables de su propio desarrollo.
En el campo de las IFP se vienen registrando importantes avances en
dimensiones tales como la articulación de la formación con los procesos de innovación,
desarrollo y transferencia de tecnología, el aseguramiento de estándares de calidad en
los procesos de gestión, administración y ejecución de acciones formativas, en el
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la formación (multimediales, a distancia,
móviles o virtuales), y en la actualización de los contenidos a las transformaciones
productivas y tecnológicas. Con diferencias en su grado de desarrollo, las IFP están
logrando que la región no esté ausente de los desarrollos más modernos en materia de
formación.
Un desafío de gran envergadura, entonces, es que las políticas de
formación no se constituyan en factores adicionales de segmentación, mediante mecanismos
diferenciales o inequitativos de acceso al conocimiento. Superar este reto pasa
necesariamente por una articulación institucional y un acercamiento a la complementación
entre los diversos enfoques de políticas de formación. Al margen de que existan acciones
inmediatas para situaciones urgentes, los sectores en condición de pobreza merecen tener
caminos que les permitan acceder a una formación moderna.
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