La historia de cualquier institución social admite, siempre, más de una lectura. La formación profesional en América Latina y el Caribe no es una excepción, y ella ha sido abordada y descrita desde muy diversos enfoques.

Desde un punto de vista económico, existe un generalizado consenso en cuanto a vincular el movimiento de creación de instituciones nacionales de formación profesional (IFP) a una particular coyuntura internacional. Esto se tradujo en la adopción de una estrategia de desarrollo definida como "hacia adentro", es decir, de estímulo al surgimiento de una producción nacional con mayor valor agregado, orientada básicamente hacia el mercado interno y sustitutiva de importaciones. Ello planteó el desafío de contar con aquellos recursos humanos calificados y semicalificados que los incipientes aparatos productivos comenzaban a demandar, lo cual encontró respuesta, justamente, en la creación de instituciones nacionales, públicas o parestatales, que acometieron el reto de un gran esfuerzo de calificación de la fuerza de trabajo a nivel nacional.

Existe, sin embargo, al menos otra lectura que se vincula más estrechamente a una visión de tipo social, donde la formación profesional institucionalizada aparece complementando y reforzando los esfuerzos que en materia de educación y alfabetización se desarrollaron concomitantemente en la región.

En muchos de nuestros países, los antiguos sistemas de educación formal se vieron sobrepasados en, al menos, dos cuestiones importantes: primero, hacer efectiva su pretensión de cobertura universal, en especial en lo que refiere a los grupos más desfavorecidos de la población, y; segundo, vincular más estrecha y eficientemente sus contenidos a la realidad productiva y laboral que se comenzaba a desarrollar.

En la perspectiva económica, las denominadas instituciones de formación profesional (IFP) supieron responder con éxito a la creciente demanda de personal calificado y semicalificado que la estrategia de sustitución de importaciones supuso.

En la perspectiva social, las IFP fueron actores centrales de las campañas de alfabetización en varios países, a la vez que desarrollaron importantes esfuerzos para atender a aquellos jóvenes no incorporados por el sistema educativo regular, a través de la modalidad de aprendizaje y de la implementación de numerosos cursos de "nivelación previa".

La posterior "liberación" de los recursos destinados a los programas de educación elemental, en buena medida debido a la mejora sustantiva de los niveles de escolaridad de la población en general, no significó una desatención de las IFP hacia los sectores más desfavorecidos. Muy por el contrario, ello implicó una progresiva y mejor focalización de sus programas, llevando sus labores hacia aspectos más relacionados con su vocación específica y originaria: la formación para el trabajo productivo.

La tensión a que se vieron sometidas las IFP a partir de su creación y el hecho de que durante casi cuatro décadas lo más significativo en materia de acciones formativas se realizara en ese ámbito, contribuyó sin duda a otorgarle un carácter muy especial: el de estar "montada" simultáneamente en las esferas de la política económica, productiva e industrial, a la vez que en el de las políticas sociales. Las circunstancias actuales, sin embargo, parecen marcar, entre otros procesos de cambio, una cada vez más tenue frontera entre estas esferas de la política pública marcando, también, nuevos rumbos para la formación profesional.

Los fenómenos de la exclusión social y económica, manifestados a través del incremento del desempleo, el subempleo, y la informalidad tienen, entre otros efectos, el de minar las bases mismas de la competitividad de las economías nacionales, a la vez que hacen peligrar la cohesión e integración de la sociedades. En este nuevo enfoque, las estrategias de tipo remedial o asistenciales, excesivamente focalizadas y desconectadas de los esfuerzos nacionales de incremento de la competitividad, de inversión en ciencia y tecnología y de elevación de los niveles de calificación de las personas, terminan siendo estériles.

El razonamiento anterior conduce, naturalmente, a la conclusión de que los esfuerzos tendientes al incremento de la integración y la justicia social implican un mayor grado de coordinación entre las instituciones que operan en los diversos planos de la política pública. La tarea, sin embargo, no termina aquí. Los tiempos actuales se caracterizan por una mucho más activa participación de los actores privados y sociales en los más diversos ámbitos. Esto implica necesariamente desarrollar alianzas y esquemas de acción conjuntos que incolucren no sólo a los organismos del sector público sino también a las empresas, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil. La formación constituye un espacio particularmente propicio para avanzar en tal sentido, lo cual se viene reflejando, de manera muy clara, en las nuevas formas institucionales que allí han venido surgiendo.