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Fecha de actualización:
22/12/2008

 

 

Educación profesional en América Latina y Caribe: agenda de una nueva "institucionalidad" 

Elenice M. Leite

Especialista Regional - OREALC/UNESCO

 

Los modelos institucionales de la educación profesional (EP) en América Latina y Caribe (ALC) tienen raíces en los años 40 y 50 – sin contar los institutos que vienen desde la colonización (como las escuelas de los jesuitas). Estos modelos se estructuraron, en gran parte, en el contexto de estados populistas, gobiernos autoritarios, desarrollo basado en la sustitución de importaciones, mercados protegidos, empresas poco competitivas, baja preocupación en la calidad, bajos sueldos, utilización masiva de mano de obra de baja calificación, altas tasas de expansión del sector industrial. Estos factores, entre otros, han contribuido para definir un arreglo institucional marcado por dos tipos de organizaciones: las escuelas o colegios técnicos nacionales y las instituciones de formación profesional (IFPs).

Estos dos bloques institucionales, a pesar de sus aspectos peculiares, han desarrollado un modelo de operación con algunos rasgos comunes en gran parte de la región:

  1. financiación pública, sea del presupuesto de gobierno, sea por medio de impuestos o contribuciones parafiscales;

  2. gestión centralizada, por el Estado o por el sector privado, con poca o ninguna participación de sindicatos y otras representaciones de trabajadores o de la comunidad;

  3. aislamiento o alejamiento entre las instituciones del mismo bloque, entre los bloques de un mismo país y entre estos bloques y las políticas públicas más amplias en el área de trabajo y educación;

  4. concepción de FP definida a partir de la dicotomía entre "educación general versus formación para el trabajo", aceptando incluso la idea de FP sustitutiva a la educación básica, principalmente para los más pobres o que necesitaban trabajar desde temprano;

  5. capacitación orientada para un modelo de trabajo estable, una carrera a lo largo de la vida, en el mercado formal, urbano, industrial, sin atención a la diversidad de la PEA (Población Económicamente Activa), o sea, sin propuestas de atención a mujeres, negros, indígenas, mestizos, personas discapacitadas, trabajadores del sector informal urbano y rural, poblaciones vulnerables en general;

  6. planificación de la FP basada en la oferta de cursos, o sea, en las disponibilidades de recursos humanos y materiales de las instituciones, sin una clara vinculación a demandas y oportunidades del mercado de trabajo.

Esto es sin embargo un esbozo simplificado de estos modelos institucionales. Desde luego, es necesario observar que los rasgos apuntados – que hoy son tomados como debilidades – fueran, por largo plazo, los puntos fuertes de estas instituciones, que operaron con alta funcionalidad y eficiencia en la formación de mano de obra calificada y técnicos para las actividades o sectores económicos importantes para el desarrollo urbano-industrial.

Además, es importante señalar que el rol dominante de estos modelos no significa que dejarán de existir otras agencias de EP en el continente: grupos laicos o religiosos, sindicatos, empresas, fundaciones, universidades – todos esos organismos de alguna manera tienen su história en el área de EP. Todavía, no resultaron en un proyecto común, de alcance más amplio. En gran parte de los casos, lograron solamente reproducir – en versión más pobre - los modelos de las escuelas técnicas nacionales o de las IFP; en otros, se limitaron a actuar como entidades de caridad o de contención social. No lograron así presentar alternativas al cuadro dominante da la EP en ALC.

La crisis de estos arreglos institucionales – y el comienzo de procesos de cambio todavía no terminados - se define en el contexto de la crisis misma de los modelos políticos, económicos y sociales en que tenían sus raíces. A partir de los 80 – o ya en los 70, en algunos casos – los países de ALC empezaron a enfrentar los retos de la globalización e integración de mercados, el estancamiento de la alternativa de sustituir importaciones, la imposición de padrones de calidad y competitividad internacional, el flujo de innovaciones técnicas y de organización en las empresas, el agotamiento del autoritarismo político, los procesos de apertura democrática y de rescate de valores como participación y ciudadanía.

El mercado de trabajo refleja el peso combinado de todos esos factores, que actúan como presiones y estímulos a la revisión de conceptos y prácticas productivas. En materia de gestión y organización empresarial, se definen y se difunden, en ese cuadro, una serie de principios que configuran una "nueva filosofía de producción": integración, flexibilidad, calidad, polivalencia y participación.

Estos principios surgen antes de todo en el discurso de empresarios y especialistas. Pero poco a poco afectan a la practica de las empresas, con efectos que se propagan por toda la cadena de producción, desde las empresas de punta hasta las subcontractadas y incluso sector informal – todos presionados a actuar con los mismos principios de calidad y productividad exigidos en escala global. Esto no quiere decir que los nuevos principios o valores se tornen únicos o exclusivos en el mercado. Nuevas y viejas prácticas productivas coexisten, hasta en el interior de la misma empresa. Pero el nuevo gana gradualmente el "status" de paradigma.

Emergen en este contexto un nuevo perfil y un nuevo concepto de calificación, que va más allá del simple dominio de habilidades motrices y disposición para cumplir órdenes, ya que también incluye una amplia formación general y una sólida base tecnológica. Ya no alcanza con que el trabajador sepa "hacer"; también es necesario "conocer" y, por encima de todo, "saber aprender". El nuevo perfil valora rasgos tales como participación, iniciativa, razonamiento lógico y discernimiento. Desde la perspectiva de la empresa, ya no es suficiente el típico obrero cumplidor de órdenes. Antes que nada es necesario tener la garantía del trabajador competente, con iniciativa, capacidad de decisión y de acción frente a eventos no previsibles – que ocurren con más frecuencia en las empresas integradas y basadas en tecnologías modernas.

Este nuevo perfil no es sólo una cuestión de desempeño profesional. Encierra también una dimensión de los derechos ciudadanos que sobrepasa los muros de la empresa: leer, interpretar la realidad, expresarse verbalmente y por escrito, manejar conceptos científicos y matemáticos abstractos, trabajar en grupo en la resolución de problemas - todo lo que suele definirse como perfil de los trabajadores en sectores de punta -, tiende a convertirse en requisito para la vida en la sociedad moderna. Si el mercado exige empresas competitivas, la sociedad también exige ciudadanos competentes y productivos. Hasta por el hecho de que ciudadano consciente, consumidor exigente, trabajador productivo son facetas prácticamente imposibles de disociarse en el individuo.

Muy pocas instituciones de EP en ALC estaban o están preparadas para enfrentar estos cambios. Muchas de ellas vienen desarrollando procesos de reestructuración interna, pedagógica y de gestión, hace más de diez años. Esta renovación todavía tiene impactos limitados. Frente a este cuadro de cambios en extensión y profundidad, se impone no solamente la modernización de instituciones tomadas de forma aislada, sino que la revisión y reconstrucción de la EP misma, en términos de conceptos, estrategias, actores, organización. Una nueva asociación se impone entre los diferentes agentes sociales - gobierno, empresas, trabajadores, no trabajadores - para garantizar la reconstrucción de la institucionalidad de la EP, según una agenda que puede ser sintetizada en los siguientes puntos:

a) reconstrucción conceptual y metodológica en el sentido de ampliar y renovar el enfoque de la EP, que debe ser planeada y ofrecida:

  • para la PEA, considerando su diversidad y el imperativo de promoción de igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo (o sea, con atención específica a grupos o poblaciones que se tornan cada vez más vulnerables en el mercado de trabajo);

  • a lo largo de la vida, garantizando formación continua del trabajador en todos los niveles (y no solamente formación inicial);

  • para el trabajo y la generación de renta en todas las alternativas que hoy se presentan (y no sólo para empleos o puestos específicos en sector formal);

  • para la ciudadanía (sin pretensión a sustituir educación, pero con atención a aspectos como derechos humanos, medio ambiente, cultura, salud y seguridad en el trabajo);

  • para el sector productivo (o sea, con foco en la demanda de trabajadores y empresarios – y no en la oferta de cursos o entrenamientos disponibles en el mercado de capacitación);

b) integración entre políticas de EP y políticas públicas de educación, una vez que el nuevo concepto de EP debe tener como premisas:

  • la universalidad y mejoría de calidad de la educación básica;

  • la reforma de la enseñanza media, para que deje de ser la zona gris entre la básica y la superior y se integre a la educación básica universal, pública y gratuita;

  • la reforma de la educación técnica, para que asuma el nuevo concepto de EP;

c) integración entre políticas de EP y políticas públicas de empleo, trabajo y generación de renta – sin expectativa de que calificación profesional pueda garantizar o crear empleos, pero con la premisa de que es no sólo factor de agregación de valor al trabajo y a los trabajadores, sino también una de las condiciones para una nueva pauta de relaciones entre capital y trabajo, fundado en la negociación;

d) movilización, articulación y fortalecimiento de una red de EP formada por la amplia diversidad de agencias formadoras existentes, que disponen de fondos públicos y privados para EP – universidades, escuelas técnicas, IFPs, fundaciones, sindicatos, asociaciones de empresarios, ONGs; una red que sea capaz de asumir la tarea de calificación continuada de la PEA y, en el corto plazo, el esfuerzo concentrado de eliminación del analfabetismo y elevación del nivel de escolaridad de jóvenes y adultos;

e) movilización, articulación y fortalecimiento de una red de centros de excelencia públicos y privados, para la formación de formadores, gestores, planificadores, investigadores en EP;

f) estímulo y difusión de experiencias innovadoras en metodologías, formas de organización y gestión de la EP, que señalen las posibilidades concretas de la nueva institucionalidad, tales como: formación por competencias, readaptación o reconversión de trabajadores desempleados o desplazados por cambios tecnológicos, procesos de privatización y otras formas de reestructuración productiva, desarrollo de habilidades básicas para trabajadores en todos los niveles, incluso los de baja escolaridad;

La agenda de reconstrucción de la institucionalidad de la EP puede ser sintetizada en el reto de movilizar, articular, integrar y reorientar toda la capacidad instalada en el sector público y privado, con foco en la formación continua de la PEA. Los gobiernos tienen un rol fundamental en este proceso de movilización, articulación y rescate de la EP como un componente fundamental de políticas públicas, así como de la promoción de las reformas más amplias en el área de trabajo y educación. La sociedad civil – en especial las entidades formadoras y representaciones de empresarios y trabajadores - tiene a su vez la tarea compleja de construcción o renovación de la capacidad de gestión y ejecución en bases participativas y descentralizadas.

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