El abordaje del tema de la pobreza es complejo. Existen diferentes enfoques sobre las dimensiones que constituyen este fenómeno. Se reconoce que hay un núcleo de privaciones absolutas, que no son relativizables ni sujetas a comparaciones, cuyos requerimientos son universales y cuya medida es la integridad física y psicológica de la persona. Se trata de necesidades que todos, por compartir la calidad de seres humanos, tienen el derecho a satisfacer, subrayando la idea de la dignidad humana vinculada a necesidades universales y a la universalidad de los derechos que la garantizan. La satisfacción de estas necesidades constituye un derecho y una meta ineludible para todas las personas que componen una sociedad, sin excepción de ningún tipo. Sin embargo, las necesidades humanas evidentemente van más allá del sostenimiento de las condiciones indispensables para vivir, y están estructuradas a partir del elenco de valores que, en cada cultura, se identifica como una necesidad. El concepto de "necesidades básicas"-que define el umbral de lo que cada sociedad considera una vida digna- está por lo tanto definido socialmente y varía en diferentes contextos geográficos e históricos.

La mayoría de las sociedades no garantiza una vida digna a todos sus habitantes. Ni siquiera las necesidades absolutas, cuyos requerimientos son universales -como alimentarse- son garantizadas para todos, ya que la desigual distribución de los recursos -económicos, sociales, culturales- impide que así sea. La desigual distribución del ingreso en América Latina es un rasgo estructural, que tiende a empeorar en situaciones de crisis económica y se resiste a mejorar en períodos de crecimiento. El análisis de la evolución de la concentración de ingresos entre 1994 y 1997 en 12 países, mostró que en 7 ésta empeoró, en 1 se mantuvo y solo en 4 mejoró (Cepal, 1999). Las desigualdades de género, por su parte, aun cuando han tendido a disminuir en los últimos años en algunos aspectos, son todavía un sello en la región. De acuerdo al índice de desarrollo relativo al género (IDG) elaborado por el PNUD, que intenta captar el avance de la mujer mediante el mismo conjunto de capacidades básicas del Indice de Desarrollo Humano (IDH) -esperanza de vida, logro educacional e ingreso-, pero distinguiendo la situación de hombres y mujeres, la mayoría de los países de la región resultan clasificados en lugares bajos del ranking mundial. El Indice de Potenciación de Género (IPG), por su parte, que mide la desigualdad de género en esferas claves de la participación económica y política y la adopción de decisiones, muestra una clasificación aun más baja (PNUD, 1999).

Las desigualdades de género inciden en la pobreza de las mujeres y en su acceso desigual al poder y los recursos. La feminización de la pobreza es un concepto que da cuenta de la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de grandes contingentes de mujeres, y la inequidad en la distribución de los beneficios socioeconómicos entre los sexos. En este sentido, el concepto implica no solo la existencia de una mayor cantidad de mujeres pobres a nivel mundial y al interior de los países, sino que también constituye una hipótesis acerca de la futura composición de la cohorte de los pobres y la representación relativa de los dos géneros dentro de ella.

La división sexual del trabajo es una de las bases del orden de género (1). Esta no solo se expresa en la división del trabajo concreto entre hombres y mujeres -productivo y reproductivo- sino también en las normas que regulan sus trabajos, las representaciones de lo femenino y lo masculino, el reconocimiento social y el poder para expresar sus opiniones y desarrollar sus proyectos personales y colectivos. Incide también en la identidad de los géneros, es decir en las pautas socialmente esperadas de las conductas, valores y expectativas de las personas según su sexo, y que son asumidas como naturales. La división del trabajo por sexos está asociada a la pobreza de las mujeres, por las menores oportunidades de éstas para acceder a los recursos materiales y sociales y a la toma de decisiones en materias que afectan su vida y el funcionamiento de la sociedad (Bravo, 1998).

La responsabilidad que se asigna a las mujeres de la mayor parte del trabajo doméstico y el cuidado de la familia genera desigualdad de oportunidades en el acceso a los recursos económicos, culturales, sociales y políticos. A su vez, el trabajo reproductivo de la mujer no tiene valor económico en nuestra sociedad -no se transa en el mercado- por lo que es menos apreciado que el papel económico del hombre, que es medible y más visible. Eso significa que las mujeres dedican una gran cantidad de horas al día a un trabajo que no es remunerado, (quehaceres del hogar, crianza de los niños y ancianos, cuidado de la salud,.etc.). Para amplios sectores de la población, esto impone restricciones a la participación de la mujer en condiciones de igualdad en el mundo público y genera una dependencia económica de la mujer con respecto al hombre.

La función biológica de la procreación (propia de la mujer) se proyecta así en una función social del cuidado de los miembros de la familia. Así, se tiende a considerar a las mujeres como responsables únicas de la crianza de los hijos, el cuidado de los enfermos y los ancianos.

or otro lado, las mujeres tienen menor acceso a los recursos productivos: la propiedad de la tierra y de las empresas, el capital productivo, el crédito. Esto constituye un círculo vicioso que las mantiene alejadas de la riqueza y el poder económico. Ellas enfrentan menores oportunidades para desarrollar su capital humano, ya que el sistema educativo y de formación profesional tiende a reproducir las pautas tradicionales sobre las relaciones e identidades de género, en que lo femenino es menos valorado socialmente.

Las mujeres, especialmente las pobres, tienen mayores dificultades para acceder al trabajo remunerado, por las barreras que le imponen sus tareas domésticas, su falta de preparación e información o por pautas culturales que desincentivan el trabajo femenino. Además, enfrentan de parte de los empleadores imágenes estereotipadas y conductas discriminatorias que limitan sus opciones.

El menor acceso a la toma de decisiones y la baja presencia de las mujeres en los organismos que inciden en los diversos aspectos de su vida también se expresa en la exclusión de sus intereses específicos de género de las agendas políticas, económicas y gremiales. Por ejemplo, la pobreza es usualmente percibida como "neutra" en términos de género, y, por lo tanto, las políticas de combate a la pobreza tienden muchas veces a reproducir las desigualdades de género.

La pobreza afecta de manera diferente a hombres y mujeres. Aun cuando hay procesos comunes en la pobreza de hombres y mujeres, en otros existe un claro sesgo de género. Las mujeres presentan mayor vulnerabilidad para caer y permanecer en la pobreza. A diferencia de la dinámica de la pobreza masculina, relacionada básicamente con el trabajo, la pobreza femenina se vincula también de manera importante a la vida familiar. La falta de autonomía en la capacidad de generación de ingresos de las mujeres las vuelve especialmente vulnerables, particularmente en determinadas etapas de su ciclo vital, tales como embarazo, lactancia, cuidado de niños pequeños y vejez.

La dinámica de la pobreza femenina se relaciona medularmente con las dificultades que impone la vida familiar al trabajo de las mujeres. Muchas mujeres caen en la pobreza a consecuencia de una separación o un divorcio, luego del nacimiento de un hijo que las obliga a restringir sus actividades laborales, después del accidente o minusvalidez de otro familiar y de las muchas otras contingencias que pueden ocurrir en el ámbito domestico. Reparar la situación y volver a la condición anterior de no-pobreza, en el caso de las mujeres, es más difícil que en el de los hombres, ya que depende de una serie de restricciones y limitaciones adicionales, debido al peso de los condicionantes familiares. Por esta razón, la pobreza femenina tiende, además, a perdurar más tiempo.

Los factores ligados a la estructura y composición del hogar, presencia de niños y ancianos, ciclo de vida de la familia y estructura etárea adquieren una relevancia especial para las posibilidades de la mujer pobre de emprender una actividad económica.

El aumento de hogares con jefatura femenina es otro fenómeno asociado a la pobreza femenina. Este fenómeno tiene su origen en ciertos cambios demográficos, tales como las migraciones temporales o definitivas de los hombres, la viudez femenina, el embarazo adolescente, el aumento de la maternidad en soltería, las separaciones y divorcios. Se menciona entre sus causas el debilitamiento de las relaciones familiares que regulaban las transferencias de ingreso de los hombres hacia sus esposas e hijos y las consecuencias sociales de la crisis económica y los programas de ajuste (Acosta, 1997). Los hogares con jefatura femenina se concentran en etapas avanzadas del ciclo familiar, presentan una mayor proporción de familias extendidas, son de menor tamaño y presentan mayor riesgo de ser pobres. Su mayor vulnerabilidad a la pobreza se deriva del carácter de sostén económico único o principal de la mujer. Las mujeres que los encabezan tienen ingresos menores, deben asumir las responsabilidades económicas sin dejar las domésticas y en una alta proporción no cuentan con aportes del padre ausente. Una situación similar es la que viven las jóvenes madres adolescentes, incluso cuando permenecen junto al hogar de origen, ya que interrumpen sus estudios y proyectos de vida frente a esta nueva responsabilidad, aumentando así las probabilidades de transmisión intergeneracional de la pobreza.

Del Cuadro 10 se desprende que los hogares con jefatura femenina están sobre representrados entre los más pobres. En casi todos los países su participación entre los indigentes es superior al promedio del total de hogares y la situación es más grave en los países con una mayor presencia de hogares a cargo de mujeres.

Las mujeres tienen una inserción laboral más baja que los hombres, tanto por las restricciones que le imponen sus responsabilidades reproductivas como por las barreras socio-culturales que enfrentan en el mercado de trabajo. Además, la tasa de participación laboral de la mujer está asociada al nivel socioeconómico del hogar, y las mujeres pobres tienen tasas de actividad sensiblemente menores que las mujeres pertenecientes a hogares no pobres.

Cuadro 10

Porcentaje de hogares encabezados por mujeres en cada estrato de pobreza 1997

Fuente: CEPAL (Panorama Social 1998)

 Hay circunstancias que dificultan el desempeño laboral de las mujeres pertenecientes a hogares con menores niveles de ingreso: menor nivel de educación, mayor número de hijos, menores posibilidades de contar con servicios de apoyo al trabajo doméstico y un ambiente valórico menos favorable al trabajo remunerado de la mujer, entre otros elementos (2). Tienen, además, mayores limitaciones en el acceso a recursos productivos y crédito, se concentran en ocupaciones más desprotegidas y con menor nivel de organización social, por lo que tienen menos posibilidades de hacer valer sus derechos. A esto se agrega la falta de servicios públicos y privados para el apoyo a responsabilidades familiares (Marinakis, 1999). A pesar de estas dificultades para insertarse y permanecer en el mercado de trabajo, la tasa de participación laboral de las mujeres pertenecientes al estrato de ingresos más bajo está creciendo a una mayor velocidad que el resto, tal como se observa en el Cuadro 1, sección A de este capítulo.

La importancia del ingreso de la mujer en el bienestar familiar es innegable y la mayor tasa de participación femenina ha sido un importante factor de reducción de pobreza. Ha tenido también un efecto clave en el bienestar de los miembros del hogar, ya que de acuerdo a diversos estudios, la mujer tiende a destinar sus ingresos a su familia en mayor proporción que a otros gastos.

Reconociendo la importancia del ingreso de la mujer en el bienestar de la familia, especialmente de las familias pobres, es necesario también observar los efectos del trabajo femenino en la condición de la mujer, es decir, la forma en que la actividad económica femenina puede modificar o refuerzar la desigualdad y pobreza relacionadas con el género.

Los efectos de la creciente incorporación laboral de las mujeres son complejos y múltiples. Desde un punto de vista subjetivo, las mujeres valoran trabajar. Un estudio realizado en Chile a una muestra de mujeres trabajadoras, mostró que menos del 20% quisiera dedicarse "solamente a la casa" si tuviera el problema económico resuelto. No es sólo el ingreso lo que lleva a las mujeres a trabajar, sino también la posibilidad de independencia y diversificación de las relaciones sociales (Henríquez, 1993). Al mismo tiempo, la mayor capacidad de las mujeres de generar y controlar sus propios ingresos, aumenta su autonomía y empoderamiento. Pero dado que el incremento en la participación laboral de la mujer no ha sido acompañado de una redistribución de las actividades reproductivas, ha quedado con menos tiempo libre, y esto no ha sido medido ni se ha evaluado su impacto en su calidad de vida.

Eso significa que los resultados de la creciente participación laboral de la mujer en su bienestar dependen en buena medida de las condiciones en los cuales ejerce el trabajo remunerado y no remunerado, asi como de las instituciones del mercado de trabajo y las normas laborales. Dado que las mujeres se están incorporando en momentos de redefinición de la organización del trabajo y las relaciones laborales, algunas pueden mejorar su situación pero otras no, por lo que las brechas de género deben ser cuidadosamente monitoreadas.

La división sexual del trabajo es un determinante fundamental en la pobreza de la mujer, ya que, a partir de este ordenamiento social, las mujeres tienen un menor acceso a los recursos (incluyendo el empleo) y sus tareas y atributos son menos valorados. La capacidad de la mujer de desarrollar un proyecto económico autónomo es un requisito indispensable para la superación de la pobreza. Pero no basta con ampliar el acceso de las mujeres al empleo para resolver su situación de pobreza, ya que es necesario reinterpretar socialmente los elementos simbólicos que atribuyen un significado inferior a las tareas femeninas y al trabajo realizado por las mujeres.

Las mujeres enfrentan además, por su condición de género, barreras socio-culturales para ingresar y permanecer en el mercado de trabajo en igualdad de oportunidades. Entre los factores ligados a la demanda con mayor impacto en su capacidad de generación de ingresos y por lo tanto en la posibilidad de reducir la pobreza de las mujeres, están la segregación ocupacional (que limita el rango y tipo de ocupaciones disponibles para ellas) y la discriminación salarial. Se ha calculado que, en América Latina, las mujeres necesitan en promedio 4 años de estudio adicionales, para obtener el mismo ingreso promedio que los hombres (Arriagada, 1998).

Las mujeres pertenecientes a hogares pobres enfrentan mayores dificultades y alternativas menos atractivas para insertarse laboralmente, en comparación con las mujeres de estratos socioeconómicos más altos. El aporte de sus ingresos a la superación de la pobreza y el bienestar de su familia es sin embargo crucial, y ayuda a explicar una importante proporción de la reducción de la pobreza, en los países en que esto ha ocurrido.

La incorporación de la mujer pobre a la fuerza de trabajo trae beneficios para ella y su familia, pero también mayores demandas de tiempo, que deben ser considerados en el diseño de las políticas sociales.

(2) El comportamiento reproductivo está fuertemente asociado al nivel educacional. Este se expresa no sólo en la menor tasa de fecundidad de las mujeres con mayor educación, sino también en la diferencia en la edad que se tiene al primer hijo. En la mayoría de los países de América Latina las mujeres sin escolaridad tienen su primer hijo antes de los 20 años, mientras que aquellas con educación secundaria inician la maternidad a los 24 años (Valdés y Gomáriz, 1995).